Civil Society Network for Public Education in the Americas - CSNPEA

Para fortalecer la democracia, crear la prosperidad y desarrollar el potencial humano, nuestros Gobiernos:

1. HACIA UNA DEMOCRACIA MÁS EFICAZ

Procesos y procedimientos electorales 

Conscientes de la interrelación entre la democracia, el desarrollo sostenible, la separación de poderes y la existencia de instituciones gubernamentales efectivas y eficientes; y observando que la transparencia y la responsabilidad pública de los sistemas electorales, y la independencia de los organismos responsables de conducir y verificar elecciones libres, justas y regulares, son elementos esenciales para asegurar el apoyo y la  participación en sus instituciones democráticas nacionales:

Intercambiarán prácticas y tecnologías óptimas para incrementar la participación de la ciudadanía en los procesos electorales, incluyendo la educación de los votantes, la modernización y simplificación del registro electoral y los procedimientos de la votación y  escrutinio, tomando en cuenta la necesidad de salvaguardar la integridad del proceso electoral, y promoviendo la plena participación e integración de todas las personas aptas para ejercer el derecho al sufragio,  sin discriminación alguna;

Continuarán fortaleciendo los mecanismos electorales, utilizando tecnologías de información y comunicación, cuando sea posible, a fin de garantizar efectivamente la imparcialidad, prontitud e independencia de las instituciones, tribunales y demás entidades responsables de organizar, supervisar y  verificar las elecciones  a nivel nacional y local, y  fortalecerán y facilitarán, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos regionales e internacionales, la cooperación hemisférica y el intercambio de experiencias en materia de legislación y tecnología en esas áreas y el envío de observadores  electorales cuando sea solicitado;

Convocarán, con el auspicio de la OEA y la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a reuniones de expertos para profundizar el examen de temas, tales como el registro de partidos políticos, acceso de los partidos políticos a financiamiento y a los medios de comunicación, el financiamiento de campañas electorales, la fiscalización y difusión de resultados electorales y relaciones de los partidos políticos con otros sectores de la sociedad;

Promoverán la cooperación entre las entidades nacionales del Hemisferio, responsables del desarrollo y mantenimiento de los procedimientos y prácticas para la preparación, presentación, verificación y auditoría de las cuentas públicas, con asistencia técnica de las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales (BDM), cuando sea apropiado, y apoyarán el intercambio de información sobre actividades de supervisión relativas a la recaudación y a la asignación y gasto de  fondos públicos;

Alentarán la cooperación y el intercambio de experiencias y prácticas óptimas parlamentarias entre legisladores nacionales del Hemisferio, respetando a la vez la separación y el equilibrio de poderes, a través de mecanismos bilaterales, subregionales y hemisféricos tales como el Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA);

Trabajarán conjuntamente para facilitar la cooperación entre las instituciones nacionales responsables de garantizar la protección, promoción y respeto de los derechos humanos, y el libre acceso a la información, con el objetivo de establecer prácticas óptimas para mejorar la administración de la información que tienen los gobiernos sobre las personas, facilitando el acceso de los ciudadanos a dicha información; 

Crearán e implementarán programas, con el apoyo técnico y financiero de las organizaciones multilaterales y Bancos de desarrollo multilaterales, cuando sea apropiado, destinados a facilitar la participación pública y la transparencia, utilizando tecnologías de información y comunicación, según corresponda, en los procesos de toma de decisiones y en el suministro de servicios gubernamentales, al igual que para divulgar, dentro de los plazos legales contemplados en las legislaciones nacionales, información emanada de todos los niveles de gobierno;

Asegurarán que los medios de comunicación estén libres de intervenciones arbitrarias del  Estado y, específicamente, trabajarán en la eliminación de los obstáculos jurídicos o normativos para el acceso de los partidos políticos registrados a los medios de comunicación, facilitando, en lo posible, acceso equitativo a los sistemas de radio y televisión durante las campañas electorales;

Fomentarán la cooperación entre emisoras públicas y privadas, incluyendo compañías de cable, entes estatales y órganos reguladores independientes de radio y televisión, a fin de facilitar el intercambio de prácticas industriales y tecnológicas óptimas en el ámbito  hemisférico con el fin de garantizar medios de comunicación libres, abiertos e independientes; 

Fomentarán la autorregulación en los medios de comunicación, incluyendo normas de conducta ética, para que se tomen en cuenta las preocupaciones de la sociedad civil, entre otras, de reducir la difusión de violencia extrema y estereotipos negativos sobre la  mujer,  etnias, grupos sociales y otras agrupaciones coadyuvando de esta forma a la promoción de cambios en las actitudes y pautas culturales, mediante la proyección de  imágenes plurales, equilibradas y no discriminatorias; 

Considerarán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, de acuerdo con sus respectivos marcos legales, y fomentarán la aplicación efectiva de la Convención, a través, entre otros, del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción y los programas e iniciativas de cooperación técnica conexos, incluyendo aquellos de las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales competentes en materia de buena gestión pública y lucha contra la corrupción, así como los  programas que cada país diseñe e implemente, de acuerdo con sus leyes nacionales, y por sus propios organismos competentes, cuando éstos puedan requerir asistencia; 

Apoyarán, en el menor plazo posible y tomando en consideración la recomendación de la OEA,  el establecimiento de un mecanismo de seguimiento para la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, por los Estados Parte de dicho instrumento; 

Apoyarán el fortalecimiento de la Red Interamericana de Cooperación Contra la Corrupción, en el marco de la OEA, así como las iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación entre los funcionarios gubernamentales encargados de ética y representantes de la sociedad civil;

Fortalecerán, en cooperación con las organizaciones multilaterales y los bancos de desarrollo multilaterales, cuando sea apropiado, la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, a través de iniciativas que estimulen la organización, capacitación y vinculación de ciudadanos para trabajar en el contexto de proyectos concretos que promuevan la transparencia en la gestión pública y en la rendición de cuentas públicas; 

Continuarán promoviendo políticas, procesos y mecanismos que permitan la protección del interés público, y el uso de mecanismos de declaración patrimonial de los funcionarios públicos, a fin de evitar posibles conflictos de interés e incompatibilidades, así como otras medidas que incrementen la transparencia;

Promoverán mecanismos para facilitar la participación ciudadana en la vida política, especialmente en los gobiernos locales o municipales;

Impulsarán el desarrollo, la autonomía y fortalecimiento institucional de los gobiernos  locales, a fin de promover condiciones favorables para el desarrollo económico y social sostenible de sus comunidades;

Fortalecerán la capacidad institucional de los gobiernos locales para permitir la plena y equitativa participación ciudadana en las políticas públicas sin discriminación alguna y para facilitar el acceso a los servicios esenciales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y fortalecerán la descentralización y el desarrollo integral de estos servicios, en parte, mediante un financiamiento adecuado y oportuno y de iniciativas que permitan a los gobiernos locales generar y administrar sus propios recursos;

Promoverán el intercambio de información, prácticas óptimas y técnicas administrativas entre funcionarios de gobiernos locales y asociaciones de municipios, asociaciones comunitarias y la ciudadanía, en parte, facilitando el acceso de los municipios a las  tecnologías de información y comunicación, al igual que fomentando la cooperación y coordinación entre las organizaciones nacionales, subregionales y regionales de alcaldes y gobiernos locales;

Impulsarán la cooperación internacional para la capacitación de los dirigentes y mandos medios de los gobiernos locales;

Promoverán la realización de una reunión en Bolivia de ministros o autoridades, del más alto nivel, responsables de las políticas de descentralización, gobierno local y participación ciudadana a nivel municipal, y considerarándetenidamente las recomendaciones de la Sexta Conferencia Interamericana de Alcaldes, y otros procesos relevantes; 

Respaldarán el Programa de Cooperación en Descentralización y Gobierno Local de la OEA, incluyendo, con el apoyo del BID, la elaboración de programas y la incorporación efectiva de los ciudadanos a los procesos de toma de decisiones;

Reconociendo que la protección universal y la promoción de los derechos humanos - incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como el respeto a las normas y principios del derecho internacional humanitario, con base en los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia - son fundamentales para el funcionamiento de las sociedades democráticas, y subrayando la importancia del respeto al  Estado de Derecho, el acceso equitativo y efectivo a la justicia y la participación de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones públicas: 

Cumplimiento de obligaciones internacionales y respeto de las normas internacionales

Considerarán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, todos los instrumentos universales e interamericanos de derechos humanos, y tomarán medidas concretas, al nivel nacional, para promover y fortalecer el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas incluyendo aquellos que corresponden a las mujeres,  niños, ancianos,  pueblos indígenas, migrantes, repatriados, discapacitados  y los que pertenecen a otros grupos vulnerables o discriminados; y tomarán nota de que la utilización del término “pueblos” en este documento no debe interpretarse de manera que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que puedan conferirse a dicho término en el derecho internacional, y que los derechos asociados con el término “pueblos indígenas” tienen un significado específico en un contexto propio, que está adecuadamente determinado en las negociaciones multilaterales relacionadas con los textos de las declaraciones que específicamente se refieren a estos derechos; 

Reafirman su determinación de combatir y eliminar la impunidad en todos los niveles de nuestras sociedades, mediante el fortalecimiento de  los sistemas judiciales y las instituciones nacionales de derechos humanos;

Combatirán, de acuerdo al derecho internacional, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, dondequiera que se produzcan y, en particular, formularán un llamado a los Estados para que consideren la ratificación, o adhesión, según sea el caso, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; 

Reconocen la importancia de la Conferencia Regional de las Américas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Santiago de Chile en diciembre de 2000 y se comprometen a participar activamente en la Conferencia Mundial que tendrá lugar en Sudáfrica en el 2001, promoviendo sus objetivos; y recalcando que las plataformas políticas que se basan en el racismo, la xenofobia o en las doctrinas de superioridad racial deben ser condenadas por su incompatibilidad  con la democracia y con la gubernabilidad transparente y responsable;

Apoyarán los esfuerzos que se están realizando en la OEA, orientados a la consideración de la necesidad de elaborar una Convención Interamericana contra el racismo y todas las formas de discriminación e intolerancia;

Continuarán promoviendo medidas concretas para fortalecer y perfeccionar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH), concentrándose en: la universalización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el aumento de adhesiones a sus instrumentos fundamentales, el cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana y el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión, la facilitación del acceso de las personas a este mecanismo de protección, el incremento sustancial de los fondos asignados para mantener sus operaciones en curso, incluyendo el fomento de contribuciones voluntarias, y el examen de la posibilidad de que la Corte y la CIDH funcionen de manera permanente, y encomiendan a la XXXI Asamblea General de la OEA, que tendrá lugar en San José de Costa Rica en junio del presente año, que inicie acciones para el logro de los fines antes mencionados; 

Fortalecerán la capacidad de las instituciones gubernamentales que tengan el mandato de promover y proteger los derechos humanos, tales como las instituciones nacionales de derechos humanos, reconociendo de este modo la importante función que desempeñan; y contribuirán al establecimiento efectivo de una red de todas estas instituciones del Hemisferio, utilizando tecnologías de información y comunicación para fomentar y concretar la cooperación sostenida y una mayor coordinación;

Crearán y fortalecerán planes nacionales de acción en materia de derechos humanos,  conforme al mandato de la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, y promoverán instituciones nacionales de derechos humanos independientes, solicitando, cuando sea apropiado, apoyo técnico y financiero a las organizaciones multilaterales y a los bancos de desarrollo multilaterales y organismos multilaterales especializados;

Buscarán medidas para promover e instrumentar la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (referida también como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos); 

Agilizarán las negociaciones, en la OEA, relativas al Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con vistas a su conclusión y adopción a la brevedad posible;

Fortalecerán la cooperación entre los Estados para abordar, con un enfoque integral, objetivo, y de largo plazo, las manifestaciones, orígenes y efectos de la migración en la región;

Promoverán que se tome conciencia sobre el valor de la cooperación estrecha entre países de origen, tránsito y destino para asegurar la protección de los derechos humanos de los migrantes;

Establecerán un programa interamericano, en el marco de la OEA, para la promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los trabajadores migrantes y sus familias, tomando en cuenta las actividades de la CIDH y apoyando la labor encomendada al Relator Especial sobre Trabajadores Migrantes de la CIDH y de la Relatora Especial para las Migraciones de las NU;

Se comprometerán a llevar a cabo la más amplia cooperación e intercambio de información posibles entre los Estados, en relación con las redes de tráfico ilícito, incluyendo el desarrollo de campañas preventivas relacionadas con los peligros y riesgos que enfrentan los migrantes, particularmente las mujeres y los niños y las niñas, que frecuentemente pueden ser víctimas de este tráfico, con el propósito de erradicar este delito;

Establecerán vínculos con procesos subregionales, tales como la Conferencia Regional sobre Migración y la Conferencia Sudamericana sobre Migración, que son foros para el diálogo, para compartir información en torno al fenómeno migratorio, asimismo, fomentarán la cooperación con organismos internacionales especializados, tales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para avanzar y coordinar los esfuerzos de ejecución de los mandatos de la Cumbre;

Continuarán implementando las recomendaciones contenidas en el informe presentado por la Relatoría Especial de la CIDH sobre la Situación de la Mujer en las Américas en 1998 y asegurarán la evaluación y, cuando sea apropiado, el establecimiento de mecanismos nacionales para su seguimiento;

Incorporarán plenamente los derechos humanos de la mujer, en la agenda de trabajo de las instituciones hemisféricas, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH, e incrementarán la presentación de mujeres como candidatas para integrar estos órganos;

Solicitarán a la OEA, a través de sus organismos especializados, particularmente la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), que facilite la integración de la perspectiva de género en el trabajo de todos sus órganos, agencias y entidades, a través del desarrollo de programas de capacitación y difusión de información sobre los derechos humanos de la mujer, asimismo, apoyarán a los gobiernos en la recopilación y difusión sistemáticas de datos estadísticos desagregados por género;

Desarrollarán, revisarán e instrumentarán leyes, procedimientos, códigos y regulaciones para garantizar la compatibilidad con obligaciones jurídicas internacionales y para prohibir y eliminar todas las formas de discriminación basadas en el género y continuarán con la labor emprendida en la Cumbre de Santiago de alcanzar la meta de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres antes del año 2002;

Desarrollarán políticas y medidas adicionales para hacer frente al problema de la violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica, de acuerdo con la definición establecida en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará);

Considerarán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las NU, y a su Protocolo Facultativo;

Considerarán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, los dos Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, específicamente aquél sobre la Participación de los Niños en Conflictos Armados, y aquél sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de Niños en la Pornografía; buscarán la plena incorporación de sus obligaciones bajo la Convención a sus leyes, políticas y prácticas nacionales; 

Incorporarán plenamente los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en la agenda de trabajo de las instituciones hemisféricas, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH y el Instituto Interamericano del Niño (IIN);

Apoyarán la labor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión a través del Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH, y procederán a la difusión de los trabajos de jurisprudencia comparada, y buscarán, asimismo, asegurar que su legislación nacional sobre libertad de expresión esté conforme a las obligaciones jurídicas internacionales;

Asegurarán que sus legislaciones nacionales relativas a la libertad de expresión se apliquen de igual manera para todos, respetando la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos, y que los Estados aseguren que los periodistas y los líderes de opinión tengan la libertad de investigar y publicar sin miedo a represalias, acoso o acciones vengativas, incluyendo el mal uso de leyes contra la difamación;

Reconociendo que el acceso equitativo a una justicia independiente, imparcial y oportuno constituye una base fundamental para la democracia, el desarrollo económico y social, y acogiendo con beneplácito la realización más frecuente de reuniones, consultas y colaboración entre nuestros ministros de justicia, miembros de las cortes supremas, procuradores generales, defensorías del pueblo, oficiales encargados del cumplimiento de la ley y otros; y notando con satisfacción el creciente interés en la cooperación mutua y el intercambio de experiencias en materia de elaboración e implementación de reformas judiciales:

Acceso a la justicia

Apoyarán iniciativas y programas públicos y privados para la educación de las personas  sobre sus derechos de acceso a la justicia, e impulsarán  las medidas que aseguren el acceso oportuno, equitativo y universal a la justicia; 

Impulsarán la cooperación para intercambiar experiencias en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias para acelerar la administración de justicia, inclusive entre los pueblos indígenas, para lo cual podrían solicitar, cuando sea apropiado, el apoyo de la OEA, el BID y otras entidades; 

Fomentarán  medidas para fortalecer la independencia del poder judicial mediante iniciativas que incluyan la transparencia en la selección de autoridades judiciales, seguridad de permanencia en el cargo, normas de conducta apropiadas y sistemas de responsabilidad ante la sociedad; 

Continuarán apoyando el trabajo realizado en el marco de las reuniones de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas, cuya cuarta reunión tendrá lugar en Trinidad y Tobago, así como las subsiguientes reuniones y la implementación de sus conclusiones y recomendaciones; 

Desarrollarán un plan de financiamiento para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas que tome en cuenta los intereses y recursos tanto de Gobiernos como de otros posibles donantes, y que permita al Centro contribuir no sólo a la modernización y formulación de las políticas públicas en este ámbito, sino también  al desarrollo institucional de los sistemas judiciales en la región;

Desarrollarán, a través de las Reuniones de Ministros de Justicia, y otros mecanismos adecuados, buscando el apoyo técnico y financiero de otras organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales, cuando sea apropiado, un intercambio de prácticas óptimas y recomendaciones, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, para reducir el número de detenidos en espera de juicio, instituir penas sustitutivas para los casos de delitos menores y mejorar las condiciones de las cárceles en el hemisferio;

Establecerán en la OEA una red de información, vía Internet, entre las autoridades jurídicas competentes en los temas de extradición y asistencia mutua legal, con el propósito de facilitar la comunicación directa y frecuente entre ellos y la identificación de problemas comunes en el manejo de casos y asuntos específicos que deban ser considerados y solucionados de manera colectiva;

Toman nota, con satisfacción, de la creación e implementación del MEM, y reiteran su compromiso a hacer de este instrumento, único en el mundo, un pilar fundamental de asistencia en la búsqueda de cooperación hemisférica efectiva para la lucha contra todos los elementos que forman parte del problema global de la droga; 

Instrumentarán las propuestas y recomendaciones contenidas en los informes nacionales y en el hemisférico, aprobadas por la CICAD, conforme a la situación específica de cada país;

Continuarán fortaleciendo y revisando el MEM para dar seguimiento a los esfuerzos nacionales y hemisféricos contra las drogas, y recomendarán acciones concretas para impulsar la cooperación interamericana y las estrategias nacionales para combatir este flagelo;

• Intensificar el esfuerzo conjunto realizado por el BID y la CICAD para obtener de la comunidad donante internacional, a través de grupos consultivos de apoyo a los esfuerzos antidrogas, recursos financieros para los programas de desarrollo alternativo y reducción de la demanda;
• Establecer, en los países que aún no lo han hecho, unidades con funciones de inteligencia financiera con el apoyo de la CICAD y de las agencias internacionales especializadas en la materia, para lo cual recomiendan la ampliación de los esfuerzos de capacitación que vienen realizando la CICAD y y el BID;
• Desarrollar, en el marco de la CICAD, una estrategia de largo plazo que incluya un programa de tres años, con el propósito de establecer un mecanismo básico y homogéneo para estimar los costos sociales, humanos y económicos del problema de las drogas en las Américas y prestar asistencia técnica a los Estados en la materia;

Impulsarán la cooperación multilateral y bilateral y el intercambio de información de políticas y acciones referidas a la prevención, tratamiento, rehabilitación y control de la oferta de drogas, y desarrollarán campañas educativas para promover la conciencia pública sobre el riesgo del consumo de drogas;

Apoyarán las medidas contra el crimen organizado, el lavado de dinero, el desvío de precursores químicos, el financiamiento de los grupos armados, y otro tipo de actividades ilícitas provenientes del tráfico de drogas y de armas;

Impulsarán la cooperación bilateral y multilateral para abordar de manera integral el fenómeno del desplazamiento de los diferentes factores relacionados con el problema de las drogas, incluyendo el desplazamiento de personas y cultivos ilícitos;

Alentarán a todos los países del Hemisferio a firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, la Convención de las NU Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, su Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y su Protocolo contra la Producción y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes, y Municiones, una vez que éste sea abierto a la firma;

Instrumentarán estrategias colectivas, incluyendo las que surgen de las Reuniones de Ministros de Justicia de las Américas, para fortalecer la capacidad institucional de los Estados en el intercambio de información y evidencias, concretando acuerdos internacionales relacionados con asistencia jurídica mutua que procedan; elaborarán y difundirán informes nacionales y fortalecerán la cooperación, buscando el apoyo técnico y financiero de las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales, cuando corresponda, para combatir conjuntamente las nuevas formas de delincuencia transnacional, incluyendo el tráfico de personas, el lavado de dinero y de productos del delito y del delito cibernético;

Revisarán políticas y leyes nacionales para mejorar la cooperación en áreas tales como la asistencia jurídica mutua, extradición y deportación a los países de origen, reconociendo las serias preocupaciones de los países que deportan a ciertos extranjeros por los crímenes cometidos en esos países y las serias preocupaciones de los países receptores por el efecto negativo de estas deportaciones en los niveles de criminalidad en los países de origen, y expresan el deseo de trabajar juntos, cuando corresponda, para abordar los efectos negativos  en nuestras sociedades;

Promoverán, cuando sea apropiado y de conformidad con su ordenamiento jurídico, la adopción de las técnicas de investigación comprendidas  en la Convención de las NU Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que constituyen  herramientas muy importantes en la lucha contra la delincuencia organizada;

Alentarán a nuestras instituciones nacionales a trabajar conjuntamente y en coordinación con todas las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales pertinentes,  para instrumentar programas integrales que incluyan iniciativas sobre resolución de conflictos, cuando sea apropiado, para la prevención y atención permanente, la educación pública y el tratamiento, relativos a casos de violencia contra personas, familias y comunidades, fortaleciendo las capacidades institucionales nacionales en estas áreas;

Considerarán el desarrollo de la cooperación con los medios de comunicación y la industria del entretenimiento, con miras a eliminar la promoción y la difusión de una cultura de violencia y, de esa forma, contribuir a fomentar una cultura de paz;

Fomentarán una mayor utilización de policías vinculados a la comunidad para desarrollar un mayor diálogo e interacción entre las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley y agrupaciones de la sociedad civil y comunidades locales;

Alentarán la cooperación para modernizar las leyes penales, utilizando las  tecnologías de información y de las comunicaciones cuando proceda, poniendo énfasis en la capacitación en materia de derechos humanos y en la prevención de actos de violencia, en particular la ejercida por las autoridades encargadas de combatir el delito, con el fin de reducir la violencia contra la población civil, fomentando, asimismo,  los valores necesarios en nuestras sociedades para conservar la armonía social;

Promoverán el intercambio de experiencias nacionales y prácticas óptimas sobre el uso de los procedimientos de identificación por los agentes de seguridad pública, con miras a prevenir detenciones sobre la base de prejuicios que afectan principalmente a las minorías y a los pobres;

Aumentarán las oportunidades de compartir experiencias, técnicas y prácticas óptimas entre las entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que participan en la lucha contra la violencia psicológica, sexual o física en el hogar y en el lugar de trabajo, conscientes de que dicha violencia está principalmente dirigida contra las mujeres y los niños y niñas; 

Buscarán adoptar medidas necesarias para prevenir, impedir y penalizar la violencia, segregación y explotación ejercida contra las mujeres, menores, ancianos, personas  discapacitadas y otros grupos vulnerables, y procurarán asegurar que la legislación nacional aborde los actos de violencia contra ellos, y que estas leyes sean aplicadas reconociendo la necesidad de garantizar a las víctimas de la violencia la asistencia legal  que se requiera para obtener la reparación del caso; 

Solicitarán a las organizaciones multilaterales y otras participantes en la Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia, que intensifiquen su apoyo y asistencia técnica a los países que lo requieran para la elaboración de estrategias y acciones nacionales en este tema;

Promoverán medidas concretas para prevenir acciones hostiles contra las minorías en el Hemisferio, al igual que actividades violentas locales, regionales e internacionales de grupos que apoyan y fomentan ideologías racistas y prácticas terroristas para obtener sus objetivos;

Aumentarán la cooperación regional con miras a prevenir el uso de armas de fuego y municiones con fines criminales, y examinarán medidas y leyes adicionales a nivel nacional cuando sea apropiado;

Implementarán, lo antes posible, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, y aplicarán, cuando sea apropiado, los Reglamentos Modelo de la CICAD;

Reconociendo que la democracia es esencial para la paz, el desarrollo y la seguridad en el Hemisferio que, a su vez, son las mejores bases para continuar fomentando el bienestar de nuestros pueblos, y observando que la subordinación constitucional de las fuerzas armadas y de seguridad a las autoridades legalmente constituidas de nuestros Estados es fundamental para la democracia:

Fortalecimiento de la confianza mutua

Celebrarán la Conferencia Especial sobre Seguridad en el año 2004, para lo cual la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA deberá concluir la revisión de todos los temas que se refieren a los enfoques sobre la seguridad internacional en el Hemisferio, tal como fue establecido en la Cumbre de Santiago;

Continuarán con las actividades prioritarias de prevención de conflictos y de solución pacífica de controversias, responderán a las preocupaciones comunes de seguridad y defensa tanto tradicionales como no tradicionales, y apoyarán las medidas adecuadas para aumentar la seguridad humana;

Apoyarán los esfuerzos de los pequeños Estados insulares en vías de desarrollo para que se consideren sus preocupaciones particulares con respecto a la seguridad, reconociendo que para los Estados más pequeños y vulnerables del Hemisferio la seguridad tiene un carácter multidimensional, involucra a actores estatales y no estatales, e incluye componentes políticos, económicos, sociales y naturales,  que los pequeños Estados insulares en vías de desarrollo han concluido en que, entre las amenazas a su seguridad, están el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, los crecientes niveles de actividad delictiva y de la corrupción, la vulnerabilidad ambiental empeorada por la susceptibilidad a los desastres naturales y el transporte de los desechos nucleares, la vulnerabilidad económica, particularmente en relación con el comercio, las nuevas amenazas a la salud, como la pandemia del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)/ Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y los niveles crecientes de la pobreza;

Mejorarán la transparencia y la responsabilidad de las instituciones de defensa y de seguridad, y promoverán un mayor grado de entendimiento y cooperación entre los organismos  gubernamentales que participan en cuestiones de seguridad y defensa a través, entre otros, de un mayor intercambio de documentos de política y doctrina de defensa, de personal e  información, incluyendo, cuando sea posible, cooperación y capacitación para la participación en actividades de mantenimiento de la paz de las NU y para responder mejor a las necesidades legítimas de seguridad y defensa, mejorando la transparencia en la adquisición de armas con el fin de incrementar la confianza y seguridad en el Hemisferio;

Continuarán promoviendo un mayor grado de confianza y seguridad en el Hemisferio, entre otros medios, a través de: el apoyo continuo a medidas de fomento de la confianza y la seguridad, tales como las adoptadas en las Declaraciones de Santiago y San Salvador sobre fomento de la confianza y de la seguridad; y a mecanismos, acuerdos y fondos existentes incluyendo la consideración de la firma y ratificación, ratificación, o adhesión a, lo antes posible y según sea el caso, la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción; la Convención Interamericana sobre la Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales; la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados; apoyando plenamente la Conferencia de las NU sobre Armas Pequeñas y Armas Ligeras que se realizará en julio de 2001, tomando en cuenta los resultados de la Reunión Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe, celebrada en Brasilia en noviembre de 2000, y el trabajo de la OEA que contribuyó a dar una perspectiva regional a las discusiones; 

Apoyarán firmemente la Tercera Reunión de los Estados Parte de la Convención  sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción a realizarse en septiembre del 2001 en Managua, Nicaragua, y la próxima conferencia que se celebrará en Ginebra en diciembre de 2001 para revisar la Convención  de las NU de 1980 sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados; así como los esfuerzos que realiza la OEA hacia la meta de convertir al Hemisferio occidental en una zona libre de minas antipersonal;

Convocarán  a  una reunión de expertos, antes de la Conferencia Especial sobre Seguridad, para dar seguimiento a las conferencias regionales de Santiago y San Salvador sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad para evaluar su implementación y considerar los siguientes pasos para consolidar la confianza mutua;

Promoverán  el apoyo financiero al Fondo de Paz de la OEA: solución pacífica de controversias territoriales establecido para proveer recursos financieros para asistir a cubrir costos inherentes a los procedimientos previamente acordados por las partes para la solución pacífica de controversias territoriales entre estados miembros de la OEA;

Apoyarán el desarrollo de los trabajos de la Quinta Reunión de Ministros de Defensa que se celebrará en Chile, al igual que las reuniones que se celebrarán subsecuentemente;

Respaldarán la labor iniciada por el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), establecido en el marco de la OEA como resultado del Compromiso de Mar del Plata adoptado, en 1998, y alentarán la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar todas las formas de terrorismo, teniendo en cuenta la aprobación del Estatuto y el Programa de Trabajo del CICTE;

Considerarán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, los convenios internacionales, relacionados con la lucha contra el terrorismo, de acuerdo con sus respectivas legislaciones internas;

Reconociendo el importante papel de la participación de la sociedad civil en la consolidación de la democracia y que dicha participación constituye uno de los elementos vitales para el éxito de las políticas de desarrollo, considerando que los hombres y las mujeres tienen derecho a participar, en condiciones de igualdad y equidad en los procesos de  toma de decisiones que afectan sus vidas y bienestar; y, tomando en cuenta que la diversidad de opiniones, de experiencias y de conocimientos técnicos de la sociedad civil constituye un recurso importante y valioso para iniciativas y respuestas de los gobiernos e instituciones democráticas: 

Fortalecimiento de la participación en los procesos hemisféricos y nacionales

Buscarán establecer instrumentos de financiamiento público y privado, destinados a fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil, para hacer más visible el trabajo y el aporte de las mismas y promover la responsabilidad social; 

Elaborarán estrategias, a nivel nacional, y a través de la OEA, otras organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales, con el fin de aumentar la capacidad de la sociedad civil para incrementar su participación en el sistema interamericano y en el desarrollo político, económico y social de sus comunidades y países, fomentando la representatividad y facilitando la participación de todos los sectores de la sociedad; e  incrementarán la capacidad institucional de los gobiernos para recibir, integrar e incorporar los aportes y las causas de la sociedad civil, especialmente a través de la utilización de tecnologías de información y comunicación;

Promoverán la participación de todos los grupos minoritarios en la conformación de una sociedad civil más fuerte; 

Desarrollarán programas educativos, en cooperación con las correspondientes organizaciones de la sociedad civil, expertos académicos y otros, cuando sea apropiado, para impartir educación en materia de democracia y derechos humanos y promoverán la introducción de libros y materiales educativos que reflejen la diversidad étnica, cultural y religiosa de las Américas, como parte del programa escolar de enseñanza primaria y secundaria;

Comercio e inversión

Asegurarán que las negociaciones  para el Acuerdo ALCA concluyan, a más tardar en enero de 2005, para tratar de lograr su entrada en vigencia lo antes posible, no más allá de diciembre de 2005, en conformidad con los principios y objetivos establecidos en la Declaración Ministerial de San José; en particular, el logro de un acuerdo equilibrado, comprensivo, congruente con las reglas y disciplinas de la OMC y cuyo resultado constituirá un compromiso único que incorpore los derechos y obligaciones mutuamente acordados;

Asegurarán la transparencia del proceso de negociación, incluyendo la publicación del borrador preliminar del Acuerdo ALCA en los cuatro idiomas oficiales, lo antes posible, y la difusión de información adicional sobre el avance de las negociaciones; 

Fomentarán mediante los respectivos mecanismos de diálogo nacionales y a través de los mecanismos apropiados del ALCA, un proceso de comunicación creciente y sostenido con la sociedad civil para asegurar que ésta logre una clara percepción del desarrollo del proceso de negociación del ALCA; invitarán a la sociedad civil a que continúe contribuyendo al proceso del ALCA; y, con esta finalidad, desarrollarán una lista de opciones que podría incluir programas de difusión en las pequeñas economías, los que podrían contar con el apoyo del Comité Tripartito u otras fuentes; 

Asegurarán la plena participación de todos sus países en el ALCA, teniendo en consideración las diferencias en los niveles de desarrollo y el tamaño de las economías del Hemisferio, con el fin de crear oportunidades para la plena participación de las pequeñas economías e incrementar sus niveles de desarrollo;

Supervisarán y apoyarán, con asistencia técnica, la plena implementación de las medidas de facilitación de negocios ya adoptadas;

Instruirán a sus representantes en las instituciones del Comité Tripartito que continúen procurando obtener la asignación de los recursos necesarios para contribuir al apoyo de la labor de la Secretaría Administrativa del ALCA;

Instarán a las instituciones del Comité Tripartito a continuar respondiendo positivamente a las solicitudes de asistencia técnica de las entidades del ALCA, y solicitarán a las instituciones, de acuerdo con sus respectivos procedimientos internos, que consideren favorablemente las solicitudes de asistencia técnica relacionadas con asuntos del ALCA de los países miembros, en particular de las pequeñas economías para facilitar su integración en el proceso del ALCA.

Acogemos y apoyamos el trabajo realizado por los Ministros de Finanzas del Hemisferio, reunidos en Toronto, Canadá, los días 3 y 4 de abril de 2001 para fomentar la estabilidad económica y financiera así como el crecimiento sólido y sostenido, como condiciones previas fundamentales para el desarrollo acelerado y la reducción de la pobreza, así como para asegurar que los beneficios de la globalización alcancen de manera amplia y equitativa a toda la población;

Reconocen el valor de los esfuerzos emprendidos para avanzar en la integración hemisférica, incluyendo un mayor acceso a los bienes, servicios, capital y tecnología, para lograr el cumplimiento de todos los objetivos sociales y otros;

Apoyan los esfuerzos realizados por los Ministros de Finanzas para enfrentar los desafios asociados con la globalización, con el fin de proteger a los más vulnerables y prevenir las crisis, y reafirman la importancia de lograr que los beneficios de la globalización lleguen a todas las regiones y sectores sociales de nuestros países, reconociendo al mismo tiempo los  desafios particulares que enfrentan los estados pequeños;

Afirman que deberá otorgarse mayor atención al incremento del ritmo de crecimiento económico y la reducción de la pobreza, de manera que ambos factores se refuercen, y que esta prioridad debe incluir políticas sociales sectoriales que logren la efectiva reducción de la pobreza, así como una mayor inversión en la población, con un mejor acceso a la educación básica y los servicios de salud;

Instruiremos a nuestros Ministros de Finanzas que continúen explorando los medios para asegurar que las instituciones financieras internacionales, los bancos regionales de desarrollo y otros organismos internacionales tomen en cuenta debidamente las iniciativas de la Cumbre en sus políticas crediticias y programas de asistencia técnica para el Hemisferio;

Reconociendo el papel central que las empresas de todos los tamaños desempeñan en la creación de la prosperidad, así como el flujo y mantenimiento del comercio y las inversiones en el Hemisferio, y tomando nota de que las empresas pueden hacer importantes contribuciones al desarrollo sostenible, incrementando el acceso a las oportunidades, incluyendo la reducción de las desigualdades en sus comunidades, y tomando en consideración las crecientes expectativas de nuestros ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil para que dichas empresas operen de manera coherente con su responsabilidad social y ambiental: 

Apoyarán el continuo análisis y estudio en la OEA de la responsabilidad social de las empresas, asegurando que la sociedad civil,  incluyendo el sector privado, sea consultada debida y periódicamente y que ese proceso se beneficie de las experiencias de otras organizaciones internacionales, organismos nacionales y actores no gubernamentales;

Convocarán a una reunión a celebrarse lo antes posible en el año 2002, en la que participen representantes de los gobiernos y de la sociedad civil, incluyendo especialmente al sector empresarial, para que, con el respaldo de la OEA, el BID y otros organismos interamericanos pertinentes, se profundice el diálogo sobre la responsabilidad social de las empresas en el Hemisferio y la creación de conciencia sobre asuntos clave a ser determinados, así como para deliberar sobre las modalidades de promoción de la elaboración, adopción e implementación, por el sector privado, de principios de buena conducta que fomenten su  responsabilidad social y ambiental;

Reconociendo que el desarrollo de la infraestructura física constituye un complemento importante para la integración económica; que los avances en el área de infraestructura deberán conducir hacia una integración amplia y profunda, poniendo en marcha una dinámica que debería ser fomentada; y que los proyectos de infraestructura destinados hacia la integración deben ser complementados con la adopción de regímenes normativos y administrativos que faciliten su implementación:

Telecomunicaciones
Reconociendo que los Estados soberanos tienen el derecho de regular su propio sector de telecomunicaciones y que el  acceso universal  y más económico a las nuevas tecnologías de información y comunicación es un medio importante para elevar el nivel de vida de nuestros ciudadanos y reducir la brecha entre las poblaciones rurales y urbanas y entre los países; tomando nota de la importancia de aumentar nuestra cooperación con el sector privado con el fin de modernizar y ampliar aún más nuestros sectores de telecomunicaciones; reconociendo y reafirmando nuestros esfuerzos y dedicación para la apertura de mercados y la creciente competencia libre, justa y equitativa en todos los servicios de telecomunicaciones, respetando la legislación vigente en cada país, con el fin de atraer la inversión necesaria para desarrollar la infraestructura y reducir los costos de servicio; subrayando la importancia de adoptar políticas destinadas a proteger los intereses de los usuarios y mejorar la calidad, eficiencia, cobertura y diversidad de servicios, todos basados en el respeto de la vida privada de los usuarios; y tomando en cuenta las necesidades sociales, políticas, económicas, comerciales y culturales de nuestras poblaciones, en especial, las de las comunidades menos desarrolladas:

Propondrán medidas encaminadas a la modernización de las legislaciones nacionales, cuando sea apropiado, basadas en principios tales como: la vigencia de órganos reguladores vigorosos e independientes, un enfoque favorable a la competencia, incluyendo disposiciones sobre operadores dominantes; flexibilidad del marco normativo consistente con la convergencia tecnológica; y desarrollarán la capacidad humana e institucional como apoyo a estos principios;

Facilitarán la mejora de los recursos humanos en el sector de  telecomunicaciones a través de programas continuos de capacitación en políticas de telecomunicaciones, regulación, gerencia y tecnología, y solicitarán que la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), en coordinación con las entidades nacionales, el Centro de Excelencia para las Américas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y en asociación con el sector privado, organizaciones regionales y subregionales, establezca un centro de información sobre programas de desarrollo de recursos humanos que fomente el intercambio de información sobre programas de formación pertinentes entre gobiernos, universidades, asociaciones empresariales y el sector privado, a fin de asistir a los países de las Américas a responder a las crecientes necesidades de personal capacitado y competente en la cambiante economía basada en el conocimiento;

Dispondrán la adopción de medidas destinadas a implementar el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) sobre evaluación de la conformidad elaborado por CITEL, sin perjuicio de que cada Estado soberano tenga el derecho de regular su propio sector de telecomunicaciones, y alentarán la discusión sobre normas adecuadas para asegurar la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones existentes y futuras y la introducción oportuna de tecnología en mercados nuevos y existentes, teniendo en cuenta las regulaciones y recomendaciones de la UIT y de otros organismos normativos pertinentes;

Apoyarán la convocatoria a la Cumbre Mundial de la UIT sobre la Sociedad de la Información, en el 2003, que se enfocará en el uso de las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo social y económico;

Recomendarán que nuestras entidades nacionales trabajen, dentro del marco de la CITEL, en la preparación de directrices sobre el Servicio Universal, basándose en los principios a ser elaborados por CITEL, y desarrollarán una clara definición de las responsabilidades de los gobiernos y las entidades privadas;

Instruirán, cuando sea apropiado, a las autoridades responsables de telecomunicaciones y a las entidades reguladoras correspondientes, dentro del marco de las agencias y organizaciones regionales y subregionales, que desarrollen e implementen antes de la próxima Cumbre de las Américas, un programa de cooperación y colaboración para apoyar una agenda sobre conectividad para todo el Hemisferio;

Fomentarán el aumento de la competitividad y la productividad en todos los sectores a través de aplicaciones tales como educación a distancia y telemedicina, y promoverán  la creación de actividades domésticas dedicadas a la generación de industrias basadas en el  Internet;

Requerirán a los ministerios o direcciones responsables de telecomunicaciones y entidades reguladoras correspondientes que en el marco de la CITEL cooperen con miras a la clarificación  y simplificación de las normas que rigen la provisión de servicios de satélites en nuestros países, y que trabajen, para terminar la elaboración de un sitio Web hemisférico que contenga los requisitos y formularios de solicitud necesarios en cada país para obtener licencia para proveer servicios de telecomunicaciones vía satélite; 

Promoverán la modernización y ampliación de la infraestructura de las telecomunicaciones en las zonas rurales y urbanas a través de la adopción oportuna de nuevas tecnologías y servicios, especialmente tecnología de banda ancha, de nuevas normas de teledifusión, distribución Web y el Protocolo de Internet (PI), prestando especial atención a la administración del espectro de políticas de interconexión, ritmo de desarrollo apropiado y comunicaciones en casos de emergencia; 

Considerarán la cuestión sobre fondos voluntarios para la implementación de los mandatos adicionales a CITEL establecidos en este Plan de Acción;

Endosarán las acciones de cooperación identificadas en la reunión ministerial celebrada en marzo de 2001 en Punta del Este, Uruguay;

Promoverán y facilitarán una mayor cooperación, convergencia e intercambio de información sobre actividades relativas al transporte en las cinco subregiones del Hemisferio y con las organizaciones multilaterales para continuar el desarrollo de las capacidades humanas e institucionales, y asegurar la viabilidad ambiental de los sistemas e infraestructura de transportes; para ello, solicitarán a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) que continúe brindando su valioso apoyo a la ITHO;

Mejorarán los programas de capacitación de recursos humanos fomentando el intercambio de personal entre los países e instituciones regionales, elaborando programas de capacitación en materia de transportes, participando en los mismos, y divulgando la información sobre dichos programas a través del sitio Web de la ITHO y de otros medios;

Pondrán énfasis en la necesidad de desarrollar una infraestructura apropiada y altas normas de seguridad, como primera prioridad del programa de trabajo de la ITHO, reconociendo simultáneamente la importancia de desarrollar la capacidad humana e institucional para garantizar la seguridad de los servicios de transporte;

Alentarán, activa y colectivamente, a los operadores internacionales marítimos y aéreos a que cumplan rigurosamente con los estándares de seguridad de la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Internacional de la Aviación Civil (OACI) y la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), que rigen el transporte de materiales peligrosos incluyendo substancias nucleares, nocivas y peligrosas y otros desechos, y subrayarán la importancia de contar con mecanismos efectivos de asignación de responsabilidades; 

Alentarán, activa y colectivamente, que los transportistas marítimos internacionales, particularmente los cruceros, cumplan con las normas de la OMI relacionadas con la protección del medio ambiente marino y, en particular, la situación del área especial del gran  Caribe;

Reconociendo las preocupaciones de algunos Estados sobre el transporte de material radioactivo, incluyendo desechos, por rutas cercanas a costas de los Estados o lo largo de vías navegables del Hemisferio, y las posibles consecuencias que puedan  provocar en la salud de nuestra población al igual que la posible amenaza para el medio marino, y consistentes con los derechos y obligaciones marítimas en el derecho internacional; alentarán y apoyarán el pleno cumplimiento de las convenciones, normas y códigos de conducta vigentes de la OMI y AIEA, y subrayarán la importancia de contar con mecanismos efectivos de responsabilidad; alentarán la consideración por parte de la AIEA y de la OMI y de otros órganos internacionales competentes, de reforzar medidas adicionales internacionales, cuando sea necesario, que puedan incluir: las garantías sobre la no contaminación del medio marino; el compromiso de recuperar material radioactivo, incluyendo desechos, en caso de derrame o pérdida accidental de los mismos; las provisiones para la reparación, rehabilitación o reconstrucción, cuando sea apropiado, de las poblaciones afectadas en caso de un accidente; e invitarán a los países que transporten material radioactivo, incluyendo desechos, a proveer información oportuna relacionada con dichos embarques a los Estados potencialmente afectados del Hemisferio, consistente con la necesidad de mantener y garantizar la seguridad de estos embarques;

Instruirán a los Ministros de Transporte que exploren la posibilidad de discutir sobre la modernización de los servicios aéreos, con el fin de atender  el creciente flujo de personas y mercancías que se ha venido presentando en el Hemisferio;

Reconociendo que en la búsqueda de la integración regional de los mercados energéticos,  se considerarán las cuestiones relacionadas con la reforma  y estabilidad de los mercados, la reforma regulatoria y la liberación del comercio; apoyarán y endosarán la Iniciativa Energética Hemisférica que promueve políticas y prácticas para avanzar en dicha integración; 

Reconociendo la necesidad de elaborar, instrumentar y mantener estrategias y programas compartidos y comprensivos en el manejo de desastres, con el objeto de reducir la vulnerabilidad de nuestras poblaciones y economías contra los desastres de origen natural  y los provocados por el hombre, y para mantener o restaurar rápidamente los niveles mínimos de consumo, ingreso y producción a nivel de hogares y comunidades inmediatamente después de un desastre, incluyendo asentamientos humanos irregulares;  reconociendo, en este sentido, la necesidad de expandir a nivel regional, nacional y local la comunidad de partes interesadas en la formulación integral de sistemas de alerta temprana, la gestión de riesgos y las operaciones de respuesta en casos de desastres y de estrategias de desarrollo sostenible integrales: 

Elaborarán la capacidad para predecir, preparar y mitigar las posibles consecuencias de  sucesos de origen natural y los provocados por el hombre; promoverán la reducción de la vulnerabilidad; adoptarán y harán cumplir mejores códigos y estándares de construcción;  asegurarán prácticas de uso adecuado del suelo; prepararán inventarios y evaluaciones sobre la vulnerabilidad de facilidades e infraestructura fundamental; predecir la variabilidad de los cambios climáticos, y la elevación del nivel del mar, al igual que para examinar sus posibles impactos; y en este sentido, crearán el marco jurídico requerido y establecerán mecanismos de cooperación para compartir y tener acceso a los avances de la ciencia y la tecnología y su aplicación en la alerta temprana, preparación y mitigación de estos peligros; 

Promoverán el intercambio de información sobre la vulnerabilidad de la infraestructura expuesta a los desastres, así como la capacidad de alerta temprana, particularmente en las zonas de frontera de los países de las Américas para diseñar medidas de prevención específicas en áreas de ingeniería y legislación, con el objetivo de reducir el impacto socio-económico de los desastres de origen natural;

Establecerán o fortalecerán, según corresponda, lazos de cooperación con todos los agentes pertinentes, incluidos el sector privado, las asociaciones técnicas profesionales, las instituciones regionales, la sociedad civil, las instituciones educativas y de investigación y los demás organismos multilaterales de coordinación tales como la Oficina de Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Agencia Interamericana de Cooperación y Desarrollo en la elaboración e implementación de las políticas y programas de gestión de operaciones en casos de desastre a nivel nacional y comunitario; y fomentarán un mayor grado de toma de conciencia y una integración efectiva de esas políticas y programas entre los responsables de formular las políticas nacionales, las autoridades locales, las comunidades y los medios de comunicación; asimismo, promoverán el seguro y reaseguro de la infraestructura social y económica, así como la descentralización de información y la toma de decisiones;

Promoverán el intercambio de conocimientos y experiencias sobre el combate contra las prácticas inadecuadas de explotación de recursos naturales y de patrones de consumo no sostenibles, incluyendo los problemas derivados del manejo de los desechos, que aumentan la vulnerabilidad de la población a los desastres de origen natural;

Promoverán el desarrollo de las telecomunicaciones para la ayuda humanitaria; fomentarán activamente un mayor uso y complementariedad técnica de las telecomunicaciones y otras tecnologías y sistemas de información que permitan observar y monitorear los diferentes fenómenos naturales; utilizarán sistemas de alerta temprana necesarios para las operaciones de prevención y atención de emergencias, tales como la obtención de imágenes de teledetección, datos de los sistemas geoestacionarios; promoverán la compatibilidad de dichos sistemas, en la planificación y en la capacidad de respuesta a casos de emergencia, entre los gobiernos, organismos especializados, organizaciones internacionales pertinentes, organizaciones no gubernamentales, y en este espíritu, considerarán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, el Convenio de Tampere sobre el Suministro de Recursos de Telecomunicaciones para la Mitigación de Desastres y las Operaciones de Respuesta;

Establecerán redes de información con la participación del Comité Interamericano sobre la Reducción de Desastres Naturales (CIRDN) y otros organismos regionales e internacionales pertinentes con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos científicos y tecnológicos; alentarán más acciones regionales y subregionales destinadas a reducir los riesgos y mejorar la respuesta a los desastres de origen natural; promoverán la investigación y desarrollos tecnológicos conjuntos, asimismo también contribuirán a reforzar la coordinación de los organismos nacionales de prevención y capacidad de respuesta en casos de desastres de origen natural; para ello recurrirán a la labor realizada por la CEPAL en materia de mejora, actualización e implementación de su metodología de evaluación de daños, y continuarán promoviendo la mitigación de desastres de origen natural y la toma de conciencia sobre la reducción de riesgos y prevención en casos de desastre; 

Estudiarán la creación de un sistema hemisférico de preparación y mitigación de desastres, que incluya, entre otros, un banco de datos especializado con la mejor información posible acerca de las características, experiencias, fortalezas y debilidades de los organismos nacionales y regionales responsables de la prevención y mitigación de desastres, y proporcione un nuevo marco de cooperación técnica e investigación  orientado  a crear una cultura de prevención y solidaridad hemisférica;

Adoptarán y apoyarán, según sea apropiado, iniciativas destinadas a promover las capacidades a todo nivel, tales como la transferencia y el desarrollo de las tecnologías, para la prevención, reducción de riesgos, toma de conciencia, preparación, mitigación,  y respuesta a los desastres de origen natural y otros, así como a la rehabilitación de áreas afectadas;

Promoverán mecanismos que incorporen métodos de manejo y reducción de riesgos en las inversiones de desarrollo públicas y privadas;

Convocarán, dentro de un año,  a una reunión hemisférica sobre prevención y mitigación de desastres con el apoyo del CIRDN y la participación de una amplia gama de entidades gubernamentales, instituciones regionales y financieras, entidades privadas, organizaciones no gubernamentales y representantes de las comunidades de investigación, ciencia y tecnología para debatir y elaborar iniciativas de cooperación destinadas a facilitar la implementación de los mandatos de la Cumbre relativos al manejo de desastres; 

Solicitarán al BID para que realice, junto con la OEA, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) y otras organizaciones interamericanas pertinentes, al igual que con el sector privado, incluyendo compañías de seguros, un estudio de factibilidad sobre medidas para cubrir y/o compartir los riesgos de manera de reducir las primas de seguro en casos de desastres y elaborar mecanismos para facilitar el financiamiento contingente de reconstrucción y la obtención inmediata de fondos para resolver las necesidades urgentes del país afectado; este estudio examinaría las relaciones entre el reaseguro y las capacidades nacionales y comunitarias en materia de manejo de desastres al igual que las tendencias de desaliento a la inversión y pérdida de puestos de trabajo en los sectores económicos que requieren una póliza de seguro costosa contra catástrofes, y la función que estas medidas podrían desempeñar al respecto; compartirán, con el sector privado, experiencias en el desarrollo y aplicación de herramientas de manejo de riesgos, tales como instrumentos de transferencia de riesgos, métodos de toma de conciencia de las vulnerabilidades e incentivos para que el sector privado participe en la reducción de riesgos;

Medio ambiente y gestión de recursos naturales
Reconocen que la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales son esenciales para generar prosperidad y para la sostenibilidad de nuestras economías así como para la calidad de vida y salud de las generaciones presentes y futuras; y están comprometidos a realizar avances en el área de desarrollo sostenible en el Hemisferio consecuente con los principios de las Declaraciones y Planes de Acción de las Cumbres de 1994 y 1998, y la Declaración y el Plan de Acción de Santa Cruz de la Sierra de 1996:

Acogen los resultados y endosan las áreas de cooperación identificadas en la reciente reunión hemisférica de los Ministros encargados del Medio Ambiente celebrada en Montreal;

Reafirman su compromiso con la implementación de acuerdos ambientales multilaterales, de los cuales son Parte, incluida la elaboración y cumplimiento efectivo de las leyes nacionales necesarias, reiterando las responsabilidades comunes pero diferenciadas establecidas en el Principio 7 de la Declaración de Río de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y tomando en cuenta las necesidades y preocupaciones de los pequeños países en vías de desarrollo, así mismo toman nota, en este contexto, de la Convención Global en Materia de Contaminantes Orgánicos persistentes recientemente concluida; también señalamos la importancia de la necesidad de construir sinergias entre los acuerdos ambientales multilaterales, reforzar la efectividad de su implementación y fortalecer la cooperación internacional;

Apoyarán el proceso preparatorio para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible que se celebrará en 2002 para revisar el progreso alcanzado en la implementación de los resultados de la Conferencia de 1992 de NU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, concentrándose en las áreas donde se necesitan mayores esfuerzos para implementar la Agenda 21 y examinarán vías para reforzar el compromiso global con el desarrollo sostenible;

Pedirán a la OEA, a través de la Secretaría General que, en cooperación con otros organismos, organice una reunión de nivel ministerial antes de fin de 2001 en Bolivia al celebrar el quinto aniversario de la Cumbre Hemisférica de Santa Cruz de la Sierra de 1996, y que dicha reunión presente contribuciones a la Cumbre Mundial Rio+10 que se reunirá en 2002, reconociendo que, por su naturaleza, el desarrollo sostenible tiene metas de largo plazo y que, sin embargo, requiere que los países del Hemisferio concierten orientaciones sobre esta materia;

Solicitarán al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y a la OPS para que apoyen la realización de un encuentro regional entre los Ministros de Medio Ambiente y de Salud, con el fin de evaluar el progreso logrado, identificar áreas prioritarias donde se deba poner énfasis continuamente e iniciativas de cooperación, así como para buscar formas que ayuden al progreso en las Américas y a nivel mundial, con miras a contribuir con la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible del año 2002, reconociendo los vínculos entre los sectores de salud  y medio ambiente;

Nos comprometemos como Partes de la Convención Marco sobre Cambios Climáticos de las Naciones Unidas (UNFCC), en avanzar sus objetivos de acuerdo con sus provisiones y  tratar el asunto de cambio climático como una acción prioritaria, trabajando de manera constructiva en los procesos internacionales con el fin de lograr el progreso necesario para asegurar una respuesta racional y efectiva al cambio climático; reconocemos las vulnerabilidades en todos nuestros países, en particular en los pequeños estados insulares en vías de desarrollo y costeros, y la necesidad de apoyar estudios de vulnerabilidad, el desarrollo y la implementación de estrategias de adaptación, el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología;

Promoverán la adopción, implementación y puesta en práctica de leyes, normas, estándares y políticas nacionales que establezcan altos niveles de protección ambiental, reconociendo el derecho de cada país de establecer sus propios niveles de protección ambiental y, para este fin,  reforzarán alianzas de cooperación con especial énfasis al mejoramiento de la calidad del aire, mejorando el acceso a los servicios de agua potable y servicios sanitarios, y fortaleciendo las capacidades nacionales y regionales para el manejo integral de recursos de agua y desechos;

Consultarán y coordinarán, nacional y regionalmente, según corresponda, con el objetivo de asegurar que las políticas económicas, sociales y ambientales se apoyen  mutuamente y contribuyan al desarrollo sostenible, con base en iniciativas ya existentes de las organizaciones regionales e internacionales correspondientes;

Apoyarán iniciativas tales como la Mesa Redonda Hemisférica sobre Producción Más Limpia para adelantar nuestros esfuerzos en la promoción de alianzas entre los gobiernos, industrias y la sociedad civil, y avanzarán, cuando sea apropiado, en los Planes de Acción y la Red Global de Información para una Producción Más Limpia inaugurada en la Cumbre Internacional de Prevención de la Contaminación celebrada en Montreal en 2000;

Promoverán y apoyarán la implementación, a nivel nacional, de las prioridades establecidas en la Declaración de Bahía sobre Seguridad Química, particularmente, aquéllas destinadas a mejorar el acceso público a la información sobre sustancias tóxicas y al fortalecimiento de la capacidad en esta área;

Promoverán una mejor gestión ambiental a escala municipal,  mediante el intercambio de información entre las comunidades locales, el desarrollo de tecnología ambientalmente sana y la promoción de alianzas para facilitar, cuando sea apropiado, la transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades, incluyendo el fortalecimiento de instituciones y servicios locales, y el apoyo a iniciativas como la Iniciativa de Aire Limpio del Banco Mundial y los programas del BID en esta área;

Avanzarán en la conservación hemisférica de la flora, la fauna y los ecosistemas mediante, cuando sea apropiado: el desarrollo de capacidades, la expansión de redes de cooperación y sistemas de intercambio de información, incluyendo la Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad; la cooperación en la lucha contra el comercio ilegal de la flora y fauna silvestres; el fortalecimiento de esquemas de cooperación para las áreas naturales protegidas terrestres y marinas, incluyendo parques fronterizos adyacentes y áreas importantes para las especies compartidas; el apoyo a mecanismos de conservación de los ecosistemas regionales; la elaboración de una estrategia hemisférica para apoyar la conservación de la fauna silvestre migratoria en todo el territorio de las Américas, con la participación activa de la sociedad civil; y la promoción de los objetivos y la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención para Combatir la Desertificación;

Promoverán la adopción de acciones inmediatas y concretas para la implementación de la gestión sostenible de los bosques;  promoverán políticas, prácticas, incentivos e inversiones para apoyar el desarrollo de dicha gestión con base en iniciativas y cooperación hemisféricas existentes; y apoyarán el Foro de las NU sobre Bosques y su programa de trabajo;

Reafirman su  compromiso para fomentar una  gestión ambiental adecuada en el área de energía, favoreciendo  políticas, prácticas, transferencias y acceso a tecnologías que sean económicamente eficientes y tomen en cuenta los impactos  ambientales del desarrollo y uso de la energía; respaldamos y apoyamos el trabajo de la Iniciativa Energética Hemisférica en esta área;
Promoverán el desarrollo de la gestión y explotación ambientalmente viables de los minerales y los metales, reconociendo la importancia de las dimensiones sociales y económicas de las actividades del sector minero, y apoyarán el trabajo de los foros regionales e internacionales en esta área;

Reconociendo la importancia fundamental de la agricultura como medio de vida de millones de familias rurales del Hemisferio, al igual que el papel que desempeña en la creación de la prosperidad, como un sector estratégico del sistema socio-económico, y tomando nota de la importancia de desarrollar su potencial de manera compatible con el desarrollo sostenible que permita garantizar la atención y el tratamiento adecuado del sector rural:

Promoverán el diálogo que incluya a ministros de gobierno, parlamentarios y sociedad civil, en particular a organizaciones vinculadas con el área rural, así como a la comunidad científica y académica con el fin de promover estrategias nacionales de mediano y largo plazo para el mejoramiento sostenible en la agricultura y la vida rural;

Apoyarán esfuerzos nacionales para fortalecer empresas rurales, en especial las pequeñas y medianas, y promoverán, cuando sea apropiado, un ambiente favorable para los agro-negocios; fomentarán, de forma complementaria, la capacitación de pequeños y medianos empresarios y empresarias rurales al igual que la modernización de instituciones de capacitación en esta área;

Impulsarán el desarrollo de mercados en el Hemisferio para productos obtenidos mediante el uso sostenible de recursos naturales;

Nos esforzaremos para facilitar el acceso a los mercados para los productos derivados de programas de desarrollo alternativo que se lleven a cabo en los países comprometidos en la sustitución de cultivos ilícitos;

Instruirán a los Ministros de Agricultura para que, durante la próxima reunión de la Junta Interamericana de Agricultura, en cooperación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), promuevan una acción conjunta de todos los actores del agro, orientada al mejoramiento de la agricultura y la vida rural y que permita la implementación de los Planes de Acción de las Cumbres de las Américas; 

Reconociendo que el empleo es el vínculo más directo entre la actividad económica y el aumento del nivel de vida de nuestra ciudadanía y que la verdadera prosperidad puede lograrse sólo si se incluye la protección y el respeto de los derechos básicos de los trabajadores, así como el fomento de las oportunidades equitativas de empleo, y la mejora de las condiciones de trabajo de la población en todos los países de la región, con especial atención a quienes trabajan en el sector informal de la economía, a los que pertenecen a  las minorías étnicas y religiosas, otras personas vulnerables incluyendo las mujeres, los jóvenes, los indígenas, trabajadores migrantes, las personas discapacitadas y las personas con VIH/SIDA; y tomando nota de la importancia de invertir en el desarrollo de los recursos humanos, de promover la seguridad del empleo de manera concomitante con el crecimiento económico, y de desarrollar mecanismos para asistir a los trabajadores durante los períodos de desempleo y de fortalecer la cooperación y el diálogo social en materia laboral entre los trabajadores, sus organizaciones, los empleadores y los gobiernos:

Reafirman la importancia fundamental de la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo, recibiendo con beneplácito el avance logrado en el Plan de Acción adoptado en 1998, y apoyarán el proceso preparatorio para la Duodécima Conferencia en 2001, así como ordenarán a sus Ministros hacer nuevos progresos con base en la Declaración de Viña del Mar que estuvo centrada en las dimensiones sociales de la globalización y la modernización de los Ministerios del Trabajo, cooperando en el estudio de las dimensiones laborales del proceso de las Cumbres de las Américas, a fin de identificar las áreas de consenso y cuestiones que requieren deliberaciones adicionales;

Respetarán la Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptada en 1998, adoptarán e implementarán legislación y políticas que permitan la aplicación  efectiva  de  normas laborales fundamentales reconocidas por la OIT, y considerarán la ratificación e implementación de los principales convenios de la OIT;

Consultarán y coordinarán , nacional y regionalmente, en los foros apropiados, con miras a contribuir para elevar los niveles de vida y mejorar las condiciones de trabajo de todas las personas en las Américas; crearán un proceso para una mejor colaboración y coordinación sobre las dimensiones laborales del proceso de la Cumbre de las Américas, entre los Ministerios de Trabajo y otros ministerios apropiados e  instituciones internacionales claves en las Américas que tengan un rol crítico en la mejora de las condiciones laborales, en particular la OEA, la OIT, la CEPAL, al igual que el BID y el Banco Mundial;

Elaborarán nuevos mecanismos para  aumentar la eficacia de los proyectos y otros tipos de ayuda técnica destinados a aumentar la capacidad de las economías más pequeñas y sus instituciones con el objeto de implementar en forma efectiva las leyes y normas laborales, así como para fomentar la igualdad de oportunidades de género, entre otras, en estrategias de creación de empleo, capacitación, aprendizaje permanente y programas de desarrollo de recursos humanos con el fin de promover el acceso a más y mejores empleos en la nueva economía; 

Fortalecerán la capacidad de los Ministerios de Trabajo para desarrollar e implementar políticas efectivas de trabajo y de mercados de trabajo; colaborarán con empleadores y organizaciones de trabajadores para desarrollar y generar información sobre mercados de trabajo; participarán en el diálogo, consultas tripartitas y estrategias de solución de controversias; y adoptarán estrategias y programas continuos como un elemento central del desarrollo profesional en el mercado laboral; 

Continuarán trabajando para lograr la eliminación del trabajo infantil y, como prioridad promoverán  la ratificación e implementación hemisférica del Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil de 1999, trabajarán para adecuar las leyes, reglamentos y políticas nacionales de conformidad con este Convenio, y tomarán medidas inmediatas para eliminar las peores formas de trabajo infantil;

Promoverán y protegerán los derechos de todos los trabajadores, en particular los de las mujeres trabajadoras y tomarán acciones para eliminar las barreras estructurales y legales, así como las actitudes estereotipadas respecto a la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, abordando, entre otras, los prejuicios de género en la contratación; las condiciones de trabajo; la discriminación laboral y el acoso sexual; la discriminación en materia de beneficios sociales; la salud y seguridad ocupacional de las mujeres;  la desigualdad de oportunidades de progreso  profesional  y la igualdad en materia salarial; 

Reconociendo que el crecimiento económico es fundamental para superar las desigualdades económicas y fortalecer la democracia en el Hemisferio, y que para alcanzar un crecimiento económico sostenido, estabilidad política y social, es necesario encarar el desafío más apremiante que enfrenta el Hemisferio - la erradicación de la pobreza y la inequidad - que  exige un enfoque integrado que fomente mayor competitividad, oportunidades para un comercio equitativo y un acceso más equitativo a las oportunidades, tomando en cuenta las dificultades que enfrentan los países de la región, incluyendo aquellos que se encuentran bajo la iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados  (HIPC), al obtener financiamiento para su desarrollo; y que es necesario tomar medidas a nivel nacional y hemisférico a fin de: crear un ambiente positivo para la iniciativa empresarial, maximizar los beneficios de la migración ordenada, minimizar los efectos de la volatilidad económica y de los desastres de origen natural, y fomentar la estabilidad y movilidad social para promover una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico:

Financiamiento para el desarrollo

Reconocemos la necesidad del financiamiento para el desarrollo, incluyendo la ayuda de donantes bilaterales y de préstamos de los bancos de desarrollo multilateral, bajo las condiciones apropiadas, y se comprometerán a apoyar a sus Ministros de Finanzas y a los bancos de desarrollo multilateral en la promoción de políticas para desarrollar y mantener acceso a los mercados de capitales internacionales para financiar nuestros esfuerzos de desarrollo sostenible, reconociendo que el servicio de la deuda constituye un gran obstáculo para la inversión en muchos países del Hemisferio;

Planearán e implementarán, con la cooperación del BID, del Banco Mundial y otros donantes, según corresponda, al igual que la OIT y basándose en el trabajo comenzado en los programas regionales y subregionales después de la Cumbre de las Américas de Santiago de 1998, leyes, políticas  y regulaciones destinadas a reducir los costos de puesta en marcha, a apoyar la creación de nuevos productos financieros para los grupos de bajos ingresos y la juventud, a promover el desarrollo de cooperativas de crédito, e instituciones financieras de la comunidad e instituciones relacionadas, tales como las oficinas de crédito, y crearán condiciones para que los bancos comerciales y otras instituciones financieras pertinentes amplíen su base de clientes para incluir un mayor número de micro, pequeñas y medianas empresas y fortalecerán las capacidades de las agencias de desarrollo empresarial para la micro, pequeña y mediana empresa;

Proporcionarán y mejorarán, cuando sea necesario, en las áreas tanto rurales como urbanas, el acceso a los sistemas de información de calidad para micro, pequeñas y medianas empresas a través de la creación de mecanismos no discriminatorios en cooperación con el BID, el Banco Mundial y otros donantes, cuando sea apropiado, al igual que la CEPAL, y establecerán programas destinados a promover el uso de computadoras e Internet, basándose en la cooperación entre el sector público y el sector privado, para ganar mayor acceso a la tecnología de información, al crédito y a los mercados, así como a instrumentos diseñados para ayudarles en estas áreas;

Apoyarán y alentarán, con la cooperación del BID y otros donantes, cuando sea apropiado, la formación de incubadoras de empresas, redes asociativas, proyectos conjuntos, programas nacionales de competitividad, cooperativas de crédito y acuerdos complementarios entre la micro, pequeña y mediana empresa como parte de una estrategia más amplia que permita compartir prácticas óptimas, mejorar el acceso a la información, sistemas de crédito y comercialización adecuados, y superar la situación prevaleciente de aislamiento;

Aumentarán el acceso de los jóvenes a las oportunidades empresariales, de productividad y de empleo sostenibles;

Mejorarán, según corresponda, las redes de seguridad social a nivel nacional y regional  para estabilizar los ingresos y el consumo individuales y familiares por medios tales como fondos de estabilización, planes de microcréditos, seguros para programas de cultivos, renovar la capacitación laboral y para capacitación vocacional, empresarial y comercial, con la participación de los bancos de desarrollo multilaterales y los organismos de desarrollo, al igual que con las organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias para establecer redes regionales con el objeto de compartir prácticas recomendadas y experiencias;

Promoverán, en cooperación con la CIM, el IICA, otras instituciones interamericanas pertinentes y el Banco Mundial, un mayor acceso a los mercados para los empresarios desfavorecidos, particularmente para las mujeres, los jóvenes, los discapacitados, los  indígenas y las poblaciones rurales, desarrollando programas que generen empleos locales, capacitación, renueven capacitación y aprendizaje permanente, particularmente en nuevas tecnologías, y servicios a precios asequibles de administración de empresas, desarrollo de productos, financiamiento, producción y control de la calidad, comercialización y aspectos jurídicos de las empresas, estableciendo programas de extensión para informar a las poblaciones pobres y de bajos ingresos, particularmente en zonas rurales y remotas, sobre  las oportunidades de acceso a mercados y tecnología, y prestando servicios de asistencia, seguimiento, asesoramiento y otros servicios de apoyo para permitir que dichos grupos puedan aprovechar esas oportunidades;

Reconociendo los aspectos positivos y los beneficios de la migración ordenada, en los países de origen, tránsito y destino, como un factor que contribuye al crecimiento económico y al desarrollo nacional y regional:
Apoyarán las iniciativas destinadas a reforzar los vínculos entre las comunidades de migrantes en el extranjero y sus lugares de origen y promoverán  mecanismos de cooperación que simplifiquen y aceleren la transferencia de remesas de dinero de los migrantes y reduzcan sustancialmente los costos de su envío; 

Apoyarán las iniciativas voluntarias diseñadas por comunidades o individuos para el uso de fondos de inversiones y de proyectos productivos  que beneficien el bienestar general de las comunidades de origen;

Promoverán el debate en el Hemisferio sobre el fenómeno de la migración con la debida consideración de su naturaleza multidimensional y de las diferencias regionales, considerando la incorporación del tema de la migración en las negociaciones sobre comercio e integración económica;

Apoyarán programas de cooperación sobre procedimientos de migración para mercados laborales transfronterizos y la migración de trabajadores tanto en los países de origen como en los de destino, como un medio para incrementar el crecimiento económico, con pleno conocimiento del papel que la cooperación en educación y capacitación puede jugar en la mitigación de cualquier consecuencia adversa del movimiento de capital humano de países más pequeños y menos desarrollados;

Buscarán asegurar que los migrantes tengan acceso a los servicios sociales básicos, de  manera consistente con el ordenamiento jurídico de cada país;

Crearán y armonizarán los sistemas de información estadística y fomentarán el intercambio de información y prácticas óptimas mediante el uso de nuevas tecnologías de información y de las comunicaciones, con el fin de promover la modernización de la administración de la migración;

Continuarán y profundizarán los avances logrados en la implementación del programa de mejoramiento de los registros de propiedades establecidos en la Cumbre de las Américas de Santiago del 1998, con particular énfasis en la regularización de los derechos informales de propiedad, de conformidad con las legislaciones nacionales, para asegurar que todos los derechos de propiedad válidos se reconozcan oficialmente, que se resuelvan las diferencias y que se adopten marcos jurídicos actualizados para los archivos catastrales; y alentarán la obtención de títulos de propiedad comercializables; estas acciones incluyen la formulación de reformas institucionales, políticas y regulaciones que facilitarían la utilización del registro de propiedades como un mecanismo para que los propietarios puedan acceder a créditos y para permitir que los bancos comerciales y los bancos de desarrollo multilaterales amplíen su base de clientes entre los sectores de menores ingresos; promoverán  mayor cooperación, e intercambio de información y tecnología para la modernización de los sistemas de registro y catastro en el hemisferio y, por otra parte, solicitarán a las instituciones de cooperación multilateral y bilateral que continúen apoyando y fortaleciendo complementariamente sus programas de asistencia financiera y técnica para este fin;

Apoyarán, en cooperación con la CEPAL y el Banco Mundial, la investigación a  nivel hemisférico para generar datos desagregados sobre el impacto diferenciado  de las políticas y procesos económicos sobre las mujeres y hombres, las poblaciones rurales y urbanas,  los indígenas y no indígenas, las comunidades de alta y baja movilidad social, y sobre su respectiva participación en el crecimiento económico;

Promoverán el reconocimiento de la contribución social y económica del trabajo no remunerado de las mujeres que se realiza predominantemente en el hogar, y considerarán proporcionar nuevas redes de seguridad social de acuerdo a su legislación nacional;

Promoverán mayor reconocimiento de la contribución económica de las actividades de las mujeres en el sector informal y de subsistencia, y proporcionarán, a través de las instituciones financieras internacionales y regionales y la comunidad de donantes, la ayuda necesaria a las comunidades que desarrollen esas actividades, dando mayor atención a los asuntos de género nacionales en la planificación y formulación de políticas macro-económicas;

Cooperarán y promoverán el diálogo sobre el desplazamiento forzado de las poblaciones, orientado al mejoramiento de los niveles de atención a la población desplazada por la violencia, teniendo en cuenta los problemas que estas poblaciones enfrentan, e instarán a  que se armonicen las legislaciones nacionales, de acuerdo con las normas y estándares del derecho internacional humanitario, incluyendo la Convención de Ginebra de 1951;

Invitarán a la CIDH y a su Relator Especial sobre Personas Desplazadas Internamente, a que continúen el seguimiento y la preparación de informes sobre situaciones de desplazamiento forzado, con miras a promover soluciones duraderas para las causas principales de dichos fenómenos;

Reconociendo que la educación es la clave para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la promoción del desarrollo del potencial humano, la igualdad y la comprensión entre nuestros pueblos, y que influye positivamente en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza; reconociendo también que para lograr esas metas, es esencial que una educación de calidad esté a la disposición de todos, incluyendo niñas y mujeres, habitantes rurales, personas discapacitadas, indígenas y personas que pertenecen a las minorías; reafirmando los compromisos contraídos en las anteriores Cumbres de promover los principios de la equidad, calidad, pertinencia y eficacia en todos los niveles del sistema educativo y de asegurar, para el año 2010, el acceso universal y cumplimiento de todos los niños y las niñas de una educación primaria de calidad y el acceso a la educación secundaria de calidad de un mínimo del 75 por ciento de los jóvenes, con índices crecientes de eficiencia terminal y oportunidades de educación a lo largo de la vida a la población en general; y también reafirmando el compromiso de eliminar las disparidades de género en la educación primaria y secundaria para el 2005:

Encomendarán a la OEA que organice, en el marco del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), una reunión de Ministros de Educación en el Uruguay, a celebrarse antes de fin este año, con el mandato de: 

identificar y establecer mecanismos hemisféricos apropiados para garantizar la implementación de iniciativas sobre educación contenidas en este Plan de Acción y continuar promoviendo medidas sobre las prioridades identificadas en las anteriores Cumbres, basadas en una cuidadosa evaluación de nuestros avances colectivos en esta área;

determinar los plazos y términos de referencia para efectuar el seguimiento de la implementación de nuestros compromisos en educación;

establecer, tomando en cuenta la importancia fundamental de movilizar recursos para apoyar la inversión sostenida en educación a todos los niveles, un mecanismo cooperativo para promover la formación de alianzas productivas con otros gobiernos, organizaciones regionales e internacionales y los Bancos de desarrollo multilaterales; 

promover la participación y el diálogo con organizaciones pertinentes de la sociedad civil, para fortalecer la cooperación entre el sector publico y otros sectores de nuestras sociedades en la implementación de este Plan de Acción; 

Formularán e implementarán políticas que, en el marco de una estrategia de superación de la desigualdad social, promuevan el acceso de todos a una educación básica de calidad, incluyendo la educación inicial y de adultos, en particular para promover la alfabetización y, al mismo tiempo, proveer métodos alternativos que respondan a las necesidades de los sectores desfavorecidos de la población y de las personas excluidas de los sistemas de educación formal, en particular a las niñas, las minorías, los indígenas y los menores con necesidades educativas especiales; compartirán información y experiencias exitosas en el impulso de la participación en educación y enfrentar el problema de la retención escolar en ciertos grupos, especialmente los niños - en los países del Caribe, en particular - cuya tasa de abandono escolar en el nivel secundario es alta en ciertas regiones;

• ofreciendo planes de estudio basados en el desarrollo de habilidades, conocimientos, valores cívicos y democráticos;
• proporcionando mecanismos flexibles de prestación del servicios, incluyendo el uso de las tecnologías de información y comunicaciones para favorecer el empleo, el desarrollo personal y el compromiso social; y
• certificando las competencias adquiridas en contextos laborales;

• alentando la participación de todos los sectores de la sociedad, a fin de lograr un consenso sobre políticas que sean viables y que garanticen la distribución apropiada y continua de recursos; 
• descentralizando su toma de decisiones y promoviendo la participación de la sociedad civil, especialmente de los padres; y
• fomentando una gestión escolar transparente en el interés de asegurar la asignación adecuada y estable de recursos de modo que las instituciones educativas puedan desempeñar un papel protagónico del cambio; 

• el mejoramiento de sus condiciones de servicio; y 
• la elevación del perfil de la profesión dándoles, además de una formación inicial sólida, oportunidades de perfeccionamiento profesional permanente, y diseñando estrategias de entrenamiento accesible, flexible, dinámico y pertinentes usando, entre otros medios, las nuevas tecnologías de información y de las comunicaciones; 

Apoyarán la continuidad de proyectos regionales de indicadores comparables y de evaluación de la educación, resultantes de la Cumbre de Santiago, incluyendo iniciativas de cooperación basadas en programas de evaluación de los procesos y los logros educativos, tomando en consideración estudios pedagógicos y las practicas de evaluación desarrolladas previamente por los países; desarrollarán indicadores comparables para evaluar los servicios que cada país presta a la población con necesidades educativas especiales y promoverán el intercambio de información sobre políticas, estrategias y prácticas óptimas en las Américas; 

Procurarán asegurar que la educación secundaria responda a los requerimientos de un mercado de trabajo en constante evolución , mediante la promoción de la diversificación de los programas y experiencias con métodos de enseñanza nuevos y más flexibles con énfasis en la ciencia y la tecnología, incluyendo la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación y mediante el apoyo al establecimiento de mecanismos para el reconocimiento y la certificación de las habilidades adquiridas; y con este fin, promoverán el intercambio de información y de prácticas óptimas y apoyarán proyectos de cooperación; 

Promoverán un diálogo más eficaz entre la sociedad y las instituciones de educación superior y facilitarán el acceso de todos a dichas instituciones equilibrando la demanda creciente con normas de calidad más exigentes y el financiamiento público con un mayor compromiso de parte del sector privado; apoyarán la cooperación hemisférica en la investigación de ciencia y tecnología, enfocada a la solución de problemas específicos en la región y la transferencia de conocimientos;

Apoyarán la movilidad, entre países del Hemisferio, de los estudiantes, profesores y administradores de educación superior, asimismo de docentes y administradores de la educación primaria y secundaria, con el objeto de brindarles nuevas oportunidades para tomar parte en la nueva sociedad basada en el conocimiento, de aumentar sus conocimientos sobre otras culturas e idiomas, y de permitirles acceso a la información sobre estudios post-secundarios y oportunidades de aprendizaje ofrecidas en todo el Hemisferio, por medio de nuevas o existentes redes hemisféricas, tales como el sitio Web educativo establecido después de la Cumbre de Santiago; y continuarán apoyando iniciativas en esta materia, tales como las que llevan a cabo el BID y la OEA; 

Promoverán el acceso de los profesores, estudiantes y administradores al uso de las nuevas tecnologías de información y comunicacion aplicadas a la educación, mediante una capacitación orientada hacia nuevos métodos didácticos, al apoyo al desarrollo de redes y al fortalecimiento, de manera sostenida, de los centros de intercambio y divulgación de la información, a fin de reducir la línea divisoria del conocimiento y la brecha tecnológica entre las sociedades del Hemisferio y dentro de ellas; 

Promoverán la divulgación necesaria de la ciencia y la tecnología para avanzar en el establecimiento y la consolidación de una cultura científica en la región;  y estimularán el desarrollo de la ciencia y la tecnología para la conectividad regional, a través de las tecnologías de información y comunicación fundamentales para la formación de sociedades del conocimiento; 

Apoyarán la formación de capital humano de alto nivel para el desarrollo de la investigación en ciencia y tecnología y la innovación que propicie el fortalecimiento de los sectores agrícola, industrial, comercial y de negocios, al igual que el sostenimiento del medio ambiente; 

Promoverán, con el apoyo de los mecanismos de cooperación existentes, el desarrollo del  programa regional de indicadores de ciencia y tecnología; 

Procurarán la implementación y el seguimiento de las actividades científicas y tecnológicas mencionadas, contando con el apoyo de los mecanismos hemisféricos de cooperación y coordinación relacionados con este campo; 

Reconociendo - de conformidad con los compromisos contraídos en las Cumbres de Miami y de Santiago, y en concordancia con las metas de desarrollo acordadas a nivel internacional en los campos de la salud materno, infantil, de los niños y las niñas y de la salud reproductiva - que la buena salud física y mental es esencial para una vida productiva y plena, y que el acceso equitativo a los servicios de salud de calidad es un elemento decisivo en el desarrollo de sociedades democráticas, y para la estabilidad y prosperidad de las naciones; que el disfrute de los niveles más altos de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, convicciones políticas y condición económica o social, tal como está establecido en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud; que la igualdad de género y la preocupación por los pueblos indígenas, los niños y las niñas, los ancianos y los grupos con menor acceso a los servicios deben ser una preocupación de primordial importancia en el desarrollo de la política de salud; que la situación de salud que sea afectada por factores de orden físico, social, económico y político, y que la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos internacionales pertinentes debe seguir apoyando las medidas de salud en el Hemisferio, en concordancia con la Agenda Compartida para la Salud en las Américas firmada por la OPS, el BID y el Banco Mundial:

Reforma del sector de la salud

Reafirmarán el compromiso con una reforma solidaria del sector de la salud dirigida a enfatizar su preocupación con las funciones esenciales de salud pública, la calidad de la atención, la igualdad en el acceso a los servicios y la cobertura de los mismos, especialmente en los campos de la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, y a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y la administración de servicios; y promoverán el uso continuo de indicadores comunes, acordados y validados científicamente, para evaluar la efectividad, equidad y eficiencia de los sistemas de salud;

Fortalecerán y promoverán la elaboración de estándares internos referidos al ejercicio de la profesión, los procedimientos de acreditación y la entrega de licencias, códigos de ética, y programas de educación y capacitación para el personal de la salud; y mejorarán la diversificación de la composición del personal de la salud en la prestación de servicios de salud, para responder mejor a las prioridades nacionales de salud;

• reducir la morbilidad y mortalidad materno-infantil; 
• prestar el cuidado y los servicios de salud reproductiva de calidad a mujeres, hombres y adolescentes; y
• llevar a la práctica los compromisos contraídos en la Conferencia Internacional sobre  Población y Desarrollo de El Cairo y su seguimiento a los cinco años en Nueva York; 
• Elaborarán procedimientos para evaluar la eficacia de prácticas de salud alternativas y productos medicinales alternativos para garantizar la seguridad pública y para compartir  experiencias y conocimiento con otros países de las Américas; 

Se comprometen, al más alto nivel, a combatir el VIH/SIDA y sus consecuencias, reconociendo que esta enfermedad es una gran amenaza a la seguridad de nuestros pueblos; en particular, buscarán aumentar los recursos para la prevención, la educación y el acceso al cuidado y tratamiento, así como la investigación; adoptarán un enfoque multisectorial con una perspectiva de género  hacia la educación,  la prevención y el control de la propagación del VIH/SIDA y las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), desarrollando programas participativos, especialmente con  las poblaciones de alto riesgo, y promoviendo alianzas con la sociedad civil, incluyendo los medios de comunicación de masas, el sector empresarial y organizaciones voluntarias; promoverán la utilización de mecanismos de cooperación horizontal en curso para asegurar la disponibilidad de sangre segura; incrementarán, a nivel nacional, el acceso al tratamiento de enfermedades relacionadas con el VIH/SIDA, a través de medidas que busquen asegurar la provisión de las medicinas a precios accesibles, incluyendo la disponibilidad de un sistema de distribución y entrega confiables, así como mecanismos financieros conforme a las leyes nacionales y los tratados internacionales acordados;  continuarán el diálogo con la industria farmacéutica y el sector privado en general para promover la disponibilidad de antiretrovirales y otras medicinas para el tratamiento del VIH/SIDA a precios accesibles, y alentarán estrategias para facilitar el intercambio de información sobre los precios de las medicinas incluyendo, según sea apropiado, de aquellas disponible en los bancos de datos nacionales; promoverán y protegerán los derechos humanos de todas las personas que viven con VIH/SIDA, sin discriminación de género o edad; utilizarán la Sesión Especial sobre VIH/SIDA de la Asamblea General de las NU de junio de 2001 como plataforma para generar apoyo para los programas hemisféricos y nacionales sobre el VIH/SIDA;

Fortalecerán los programas a nivel hemisférico, nacional y local destinados a prevenir, controlar y tratar las enfermedades transmisibles, tales como la tuberculosis, el dengue, la malaria y el mal de Chagas; 

Promoverán el crecimiento saludable en la niñez mediante: programas de inmunización más amplios, el control de enfermedades respiratorias y enfermedades diarreicas a través de programas tales como el de Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, educación sanitaria, educación física, el acceso a alimentos seguros y nutritivos y el fomento de la lactancia materna;

Implementarán programas comunitarios de atención, prevención y promoción para reducir los riesgos a la salud y de la incidencia de las enfermedades no transmisibles, tales como las enfermedades cardiovasculares incluyendo la hipertensión, el cáncer, la diabetes, las enfermedades mentales y, asimismo, el impacto de la violencia y los accidentes sobre la salud; 

Participarán activamente en la negociación de un convenio marco para la lucha antitabáquica; elaborarán y adoptarán políticas destinadas a reducir el consumo de productos de tabaco, especialmente por lo que afecta a los niños y las niñas; compartirán prácticas óptimas y lecciones aprendidas en la elaboración de programas concebidos para crear conciencia pública, particularmente para adolescentes, acerca de los riesgos de salud asociados con el tabaco, el alcohol y las drogas;

Proveerán información científica y técnica fidedigna a los trabajadores de la salud y al público, empleando innovaciones tales como la Biblioteca Virtual de Salud de las Américas; alentarán el uso de la tele-medicina como un medio para conectar las poblaciones remotas y proporcionar servicios e información de salud a los grupos subatendidos, como complemento a los servicios de salud existentes;

Reconociendo que la potenciación de la mujer, su plena e igual participación en el desarrollo de nuestras sociedades, y su igualdad de oportunidades para ejercer liderazgo, son  fundamentales para la reducción de la pobreza, la promoción de la prosperidad económica y social, el desarrollo sostenible centrado en el ser humano, la consolidación de la democracia y la resolución de conflictos, y para el desarrollo de alianzas comunes entre mujeres y hombres; reconociendo además que estos principios son la base para promover la igualdad de género y los derechos humanos de la mujer en las Américas, y para trabajar hacia la eliminación de la amplia gama de desigualdades aún existentes: 

Respaldarán el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género, aprobado por la Primera Reunión de Ministras o Autoridades al Más Alto Nivel Responsables de las Políticas de las Mujeres, organizada en abril de 2000 por la CIM; asimismo, respaldarán el Plan de Acción Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe 1995-2000, y otras acciones e iniciativas adoptadas en el Vigésimo Tercer Periodo Especial de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidades (Beijing +5) para implementar la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción; e integrarán la perspectiva de género en los programas, acciones y agendas de eventos nacionales e internacionales, para garantizar que las experiencias de las mujeres y la igualdad de género sean una dimensión integral del diseño, instrumentación y evaluación de las políticas y programas gubernamentales e interamericanos en todos los campos; 

Fortalecerán mecanismos nacionales y de otros organismos de gobierno responsables del progreso de la mujer y de la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres; otorgarán los recursos financieros y humanos necesarios, incluyendo la exploración de iniciativas financieras innovadoras para que la perspectiva de género esté integrada en todas las políticas, programas y proyectos; apoyarán, tanto el papel fundamental que han desempeñado y continuarán desempeñando las organizaciones de mujeres en la promoción de la igualdad de género, como los esfuerzos conjuntos entre gobiernos y el sector privado que contribuyen al respeto y a la comprensión de los derechos humanos de las mujeres;

Promoverán la equidad e igualdad de género y los derechos humanos de la mujer fortaleciendo y fomentando su plena e igual participación en la vida política en sus países y en la toma de decisiones a todos los niveles;

Reforzarán el papel de la CIM, como el organismo asesor técnico del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC), en todos los aspectos de equidad e igualdad de género y reconocerán la importancia de la CIM en el seguimiento de las recomendaciones relevantes de la Cumbre; proporcionarán un nivel apropiado de recursos a la CIM para desempeñar su papel como el principal foro hemisférico generador de políticas en el fomento de los derechos humanos de la mujer y particularmente de la igualdad de género; promoverán el apoyo y la participación del BID, el Banco Mundial y la CEPAL en la implementación y el seguimiento del presente Plan de Acción;

Promoverán el uso de las tecnologías de información y comunicación como un mecanismo para enfocar las desigualdades entre hombres y mujeres y asegurarán la igualdad de acceso de la mujer a estas nuevas tecnologías y a la capacitación requerida;con este fin, asegurarán que los programas de conectividad y la programación gubernamentales a nivel local, nacional y regional incorporen una perspectiva de género que represente la diversidad de la mujer dentro de diversos grupos, incluyendo los pueblos indígenas y rurales y las minorías étnicas;

Fortalecerán sistemas de recolección y procesamiento de datos estadísticos desagregados por género  y adoptarán indicadores de género que contribuyan al diagnóstico de la situación de las mujeres y a la implementación de políticas públicas a nivel nacional y regional, y hagan posible un mejor seguimiento y evaluación de los acuerdos regionales e internacionales; 

Reconociendo que el carácter único de las culturas,  historias y circunstancias  socioeconómicas, demográficas, y políticas  de los pueblos indígenas (según se explica este término en la sección  Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de este Plan de Acción) de las Américas,  necesita medidas especiales para que dichos pueblos alcancen  su pleno potencial humano, y que la inclusión de los pueblos indígenas en nuestras sociedades e instituciones es un elemento valioso para el continuo fortalecimiento, no sólo de los derechos humanos en nuestra comunidad hemisférica, sino también, en un sentido más amplio, de las democracias, economías y civilizaciones; tomando nota de que aunque se han realizado progresos, es necesario fortalecer la participación de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, para fomentar un diálogo abierto y continuo entre éstos y los gobiernos, y para continuar trabajando juntos para asegurar una implementación eficaz de los mandatos pertinentes en el Plan de Acción de la Cumbre de Santiago:

Realizarán sus mejores esfuerzos, conforme a la legislación nacional, para alentar a los organismos donantes, el sector privado, otros gobiernos, organizaciones regionales e internacionales, al igual que los bancos de desarrollo multilateral a apoyar las conferencias hemisféricas y nacionales para intercambiar experiencias entre los pueblos indígenas y sus organizaciones en la implementación de actividades para promover su desarrollo sostenible, cultural, económico y social, y en cualquier otro campo que pudiera ser identificado por los pueblos indígenas; 

Reconocerán el valor que las cosmovisiones, los usos, las costumbres y las tradiciones de los pueblos indígenas pueden otorgar a las políticas y programas relacionados con el uso de la tierra y recursos naturales, el desarrollo sostenible y la biodiversidad; sobre esta base, desarrollarán las estrategias y los métodos correspondientes para considerar y respetar las expresiones culturales de los pueblos indígenas y para proteger su conocimiento tradicional de acuerdo con los principios y objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica; 

Aumentarán la disponibilidad y la accesibilidad de los servicios educativos en consulta con los pueblos indígenas, en especial para las mujeres, los niños y las niñas, y los jóvenes, conforme  a sus valores, costumbres, tradiciones y formas de organización, promoviendo la diversidad cultural y lingüística en los programas de educación y capacitación para las comunidades indígenas; promoverán estrategias nacionales y regionales para las mujeres, los niños y las niñas y los jóvenes indígenas; de igual forma, impulsarán programas de intercambio internacional y pasantías en los sectores público y privado, con el fin de fomentar la igualdad de oportunidades, elevar el promedio de edad de la retención escolar, maximizar la realización individual y colectiva,  y promover la educación permanente para todos los indígenas;

Promoverán y darán cabida, según corresponda, a las necesidades culturales, lingüísticas y de desarrollo propias de los pueblos indígenas, en los contextos urbano y rural, en el desarrollo e implementación de las iniciativas y estrategias educativas, con especial atención al desarrollo de la capacidad institucional, la conectividad y las vinculaciones, incluyendo por medio de puntos focales nacionales, con otros pueblos indígenas del Hemisferio; 

Promoverán y divulgarán, en todos los ámbitos de la sociedad, y en particular en el sector educativo, el aporte de los pueblos indígenas en la formación de la identidad nacional en los países en los que habitan;
Desarrollarán estrategias, medidas y mecanismos que aseguren la efectiva participación de los pueblos indígenas en el diseño, la implementación y la evaluación de planes, políticas, sistemas y programas de salud integrales que reconozcan el valor del desarrollo de comunidades holísticas, y que tomen en consideración las realidades y circunstancias culturales, económicas y sociales; 

Apoyarán la Iniciativa de Salud para los Pueblos Indígenas, promovida por la OPS, ayudando a los Estados y en consulta con los pueblos indígenas, para formular políticas públicas integrales y sistemas de salud que fomenten la salud de los pueblos indígenas; diseñando e implementando un marco y modelo intercultural de salud que se concentre especialmente en las necesidades de salud y las prioridades de estos pueblos; y mejorando la información colectiva, el análisis y la distribución de las condiciones sanitarias y sociales de estos pueblos, con un énfasis especial en la niñez; 

Reducirán la brecha digital, de comunicación y de información entre el promedio nacional y los pueblos y las comunidades indígenas, mediante programas y proyectos de conectividad relevantes que proporcionen servicios en los campos del desarrollo político, económico y social, incluyendo el uso de las redes de información de los pueblos indígenas;

Promoverán la obtención y la difusión de datos estadísticos nacionales en los que se proporcione información sobre la composición étnica y las características socio-económicas de las poblaciones indígenas a fin de formular y evaluar políticas de atención y desarrollo más adecuadas; 

Apoyarán el proceso para reformar el Instituto Indigenista Interamericano (III), basado en las amplias consultas entre los Estados y los pueblos indígenas a través del Hemisferio, y seguirán desarrollando procesos para asegurar la amplia y plena participación de los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano, incluyendo en las discusiones sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 

Reconociendo que el respeto y la valoración de la diversidad cultural contribuyen al dinamismo social y económico, y son factores positivos en la promoción de la gobernabilidad, la cohesión social, el desarrollo humano, los derechos humanos y la coexistencia pacífica en el Hemisferio; y que los efectos de la globalización ofrecen grandes posibilidades para la promoción de la diversidad cultural, pero también suscitan preocupaciones sobre la capacidad de algunas comunidades para expresar los aspectos de su identidad cultural; reconociendo asimismo el rol único que tienen los bienes culturales en el fortalecimiento de los vínculos geográficos, sociales, históricos y antropológicos entre las sociedades;  reconociendo ademas la necesidad de fortalecer las estrategias para impedir el tráfico ilícito de bienes culturales, lo cual va en detrimento de la conservación de la memoria colectiva y del patrimonio histórico de las sociedades, y amenaza la diversidad cultural del Hemisferio; tomando en cuenta la proclamación de la Asamblea General de las NU del año 2001 como el Año para el Diálogo entre las Civilizaciones;

Fortalecerán alianzas e intercambios de información, incluyendo el uso de tecnologías de información y comunicaciones mediante la realización de una serie de seminarios de expertos, funcionarios del gobierno y representantes de la sociedad civil sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural del Hemisferio para promover una mejor aceptación, entendimiento, valoración, y respeto entre los pueblos de la región; 

Alentarán la convocatoria de una reunión ministerial o de alto nivel apropiado, con el apoyo del CIDI de la OEA, para tratar la diversidad cultural, con miras a profundizar la cooperación hemisférica sobre este tema;

Crearán un ambiente para fomentar la percepción y valoración de la diversidad cultural y lingüística de los países de las Américas, por varios medios, incluyendo mediante el uso de nuevas tecnologías de comunicación y el Internet; apoyarán, a través de una amplia colaboración, nuevos proyectos de medios de comunicación que promuevan el diálogo intercultural, mediante la producción y difusión de productos culturales destinados a la televisión, el cine, la industria del disco, la industria editorial y los medios electrónicos;  enriquecerán la diversidad del contenido cultural de estas industrias, inter-alia, mediante la preservación y restauración de bienes culturales y el rescate de aquellos adquiridos ilegalmente, de acuerdo a sus obligaciones internacionales; 

• Reconociendo la contribución del deporte justo y libre de drogas; y 
• Apoyando iniciativas que preserven y mejoren los deportes tradicionales e indígenas, fortalezcan el papel de la mujer en el deporte, y aumenten las oportunidades para que los niños y las niñas, y los jóvenes, las personas discapacitadas y las minorías participen y se beneficien de la práctica del deporte y de la actividad física;

Se comprometen a cooperar activamente entre las diversas instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, para erradicar el tráfico ilícito de bienes culturales conforme a la Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 1970; asimismo, promoverán la acción conjunta con las organizaciones de la sociedad civil para implementar y apoyar políticas, planes y programas que puedan fortalecer y promover la investigación, la recuperación, los estudios, la conservación, el mantenimiento, la restauración, el acceso a y la apreciación del patrimonio cultural y los bienes culturales mediante su adecuado cuidado, preservación y disfrute; 

Reconociendo que la promoción de los derechos de los niños y de las niñas así como su desarrollo, protección y participación son esenciales para asegurar que alcancen su pleno potencial; reconociendo asimismo la eficacia y la necesidad de intervenciones centradas en la protección contra la discriminación, la desigualdad, el abuso, la explotación y la violencia, en especial para los grupos más vulnerables, y teniendo en cuenta una perspectiva de género; afirmando la importancia de la cooperación, como fue planteado en la Décima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Panamá y asimismo resaltando la oportunidad que el año 2001 representa para el progreso de los niños y las niñas en el contexto del Año Interamericano de la Niñez y la Adolescencia y de las metas adoptadas en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia de 1990; y reconociendo la contribución vital de la Convención sobre los Derechos del Niño de las NU en la promoción y la protección de los derechos de los niños y de las niñas, así como la labor que adelanta el Instituto Interamericano del Nino:

Implementarán y apoyarán los compromisos contenidos en la Agenda sobre Niños Afectados por las Guerras acordada por 132 Estados en la Conferencia Internacional sobre los Niños Afectados por las Guerras, celebrada en Winnipeg, Canadá, en septiembre de 2000, incluyendo el fomento de una participación activa para los niños, las niñas y los adolescentes en las políticas, el diálogo y la programación para los niños, las niñas y los adolescentes afectados por conflictos armados y también alentando el establecimiento de una red para ellos.  Considerarán medidas adicionales para supervisar, informar y abogar por la protección, los derechos y el bienestar de los niños y las niñas en el Hemisferio que sean afectados por conflictos armados, en conjunto con la Relatoría Especial sobre Derechos del Niño de la CIDH.

Promoverán acciones con el fin de establecer, fortalecer e implementar políticas públicas tendientes a asegurar el bienestar y el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, y fomentarán la realización de conferencias, seminarios y otras actividades nacionales o multilaterales, referidas a los temas de la infancia y la adolescencia, en especial a lo largo del año 2001, en el marco del Año Interamericano de la Niñez y la Adolescencia; 

Garantizarán que cada niño y niña  en conflicto con la ley sea tratado en forma consecuente con sus mejores intereses de conformidad con las obligaciones asumidas en la Convención  sobre los Derechos del Niño, y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos relevantes incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; tomando en cuenta las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para la administracion de justicia de menores; y proporcionarán oportunidades de capacitación cuando sea apropiado, incluyendo la instrucción sobre la concientización sobre género y  derechos humanos, a aquellos que trabajan en la administración de la justicia; 

Identificarán, compartirán  y promoverán  prácticas óptimas y maneras de abordar el tema, en especial las que involucran a la comunidad para apoyar a las familias, en atender las necesidades de los niños, las niñas y los adolescentes en situación de riesgo y protegerlos  contra el abuso físico o mental, lesiones o violencia, discriminación, negligencia, maltrato y explotación, incluyendo el abuso sexual, la explotación comercial y las peores formas de trabajo infantil según se estipula en el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo; De conformidad con las legislaciones nacionales, diseñarán políticas nacionales y modelos de rehabilitación o sistemas judiciales para menores, incorporando iniciativas de prevención del delito y garantizando el debido proceso de la ley, y permitiendo el acceso a instituciones y a programas de rehabilitación y reinserción de los niños, las niñas y los adolescentes delincuentes en la sociedad y sus familias;

Apoyarán y buscarán medios de cooperación para fomentar las recomendaciones del Consenso de Kingston de la Quinta Reunión Ministerial sobre Infancia y Política Social, celebrada en Kingston, Jamaica en octubre de 2000, que representa la contribución de la región a la Sesión Especial de las NU a Favor de la Infancia a celebrarse en septiembre de 2001;

Alentaran la cooperación para reducir los casos de sustracción internacional de menores por parte de uno de sus padres; considerarán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, el Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980, el Convenio de la Haya sobre la Protección del Niño y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional de 1993, y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989; y cumplirán las obligaciones emanadas de las mismas para prevenir y corregir los casos de sustracción internacional de menores por parte de uno de sus padres;

A fin de proteger y promover los derechos de los niños y de las niñas, formularán e implementarán políticas y programas inter-sectoriales, que podrían incluir la promoción del registro civil de todos los niños y las niñas, y destinarán los recursos apropiados para emprender estas tareas;  establecerán  y apoyarán la cooperación entre los Estados y la sociedad civil y los jóvenes, para asegurar la efectiva implementación y seguimiento de los derechos de los niños y las niñas, incluyendo los indicadores apropiados para cada país relacionados con la salud, el desarrollo y el bienestar de los niños y las niñas, y la provisión de información sobre mejores experiencias mediante los informes nacionales de los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos del Niño; 

Fomentarán la  consulta, participación y representación de la gente joven en todos los asuntos que les afectan, proporcionando al acceso a la información confiable y ofreciendo oportunidades para que ellos expresen sus opiniones y contribuyan a las discusiones en foros y eventos locales, nacionales, regionales e internacionales;

Reforzarán el papel de la OPS, el IIN y la CIDH, como asesores técnicos del GRIC, en todos los aspectos relacionados con los niños y las niñas, y reconocerán la importancia de estas instituciones en el seguimiento de las recomendaciones relevantes de las Cumbres. 

Durante nuestra tercera reunión en la ciudad de Quebec, subrayamos la necesidad de profundizar y ampliar nuestra cooperación para responder a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos de nuestros países. Para lograr este objetivo es fundamental implementar de manera eficaz los compromisos que hemos asumido. A tal fin:

Reconocemos la función primordial de los gobiernos en la implementación del Plan de Acción. 

Acogemos con beneplácito y promovemos la amplia cooperación sectorial que existe a nivel ministerial en las distintas áreas de nuestros gobiernos que son los pilares fundamentales de la cooperación hemisférica. Encomendamos a nuestros ministros correspondientes que continúen apoyando la implementación de los mandatos acordados en este Plan de Acción y que presenten informes sobre los avances realizados.

Gestión de la Cumbre

Continuamos apoyando al GRIC como cuerpo principal, que rinde cuentas, a través de los Ministros de Relaciones Exteriores, del monitoreo de la implementación de los mandatos de las Cumbres.

Con el propósito de fortalecer el carácter inclusivo y hemisférico del proceso de la Cumbre de las Américas, acordamos constituir un Consejo Ejecutivo del GRIC, que sea representativo de las regiones y que cuente con un Consejo Directivo permanente compuesto por los anfitriones de las anteriores, actual y futuras Cumbres, el cual deberá:

• evaluar, fortalecer y apoyar el seguimiento de las iniciativas de la Cumbre, con la OEA actuando como su secretaría técnica y memoria institucional al proceso de la Cumbre;
• maximazar la coherencia entre el proceso de la Cumbre de las Américas y los mandatos y procesos de Cumbres subregionales;
• profundizar los lazos de asociación y coordinación entre el proceso de la Cumbre de las Américas y sus instituciones asociadas (la OEA, el IICA, la OPS, el BID, la CEPAL, el Banco Mundial), incluyendo el estudio de la conveniencia de establecer nuevas relaciones con bancos multilaterales subregionales de desarrollo;
• promover un mayor involucramiento al igual que alianzas con fundaciones subregionales y grupos de la sociedad civil, tales como los de los sectores empresariales y voluntarios para apoyar los mandatos de la Cumbre.

Implementación y financiación

Subrayamos la necesidad de un diálogo y de una coordinación permanentes dentro del sistema interamericano a fin de asegurar la implementación efectiva y eficaz de los mandatos de la Cumbre. Acogemos con beneplácito el involucramiento de nuestros socios institucionales (la OEA, el IICA, la OPS, la CEPAL, el BID y el Banco Mundial) en todas las etapas del proceso de la Cumbre de las Américas y respaldamos:

• el diálogo periódico entre el GRIC y nuestros socios institucionales para asegurar la coordinación en la planificación, financiación e implementación de los mandatos de las Cumbres;
• la participación de los Principales titulares de las instituciones asociadas en las futuras reuniones del GRIC a nivel ministerial;
• el fortalecimiento de la colaboración y la ampliación de los intercambios de información y conocimientos técnicos entre los Bancos de desarrollo multilateralesé, las organizaciones interamericanas y los organismos nacionales, con miras a alentar el uso eficiente de los recursos, optimizar la eficacia en la ejecución de los programas, evitar superposición y duplicación de los mandatos existentes, aumentar las oportunidades de financiación para los beneficiarios, y asegurar la coherencia en la implementación de las iniciativas de las Cumbres que apuntan a lograr una mayor justicia social.

• a nuestros representantes nacionales en los directorios de estas instituciones a que promuevan el desarrollo de programas que apoyen los objetivos sociales y económicos de la Cumbre;
• los esfuerzos que realizan el BID y el Banco Mundial para proveer conocimientos técnicos y movilizar recursos en apoyo de iniciativas que responden a las áreas prioritarias de programación;
• la búsqueda activa de una mejor comunicación y coordinación entre los coordinadores nacionales y los directores ejecutivos del BID y del Banco Mundial, incluyendo la realización de una reunión entre el GRIC y los directores generales con el objeto de discutir la implementación de los mandatos de la Cumbre;
• el fortalecimiento, a nivel nacional, de relaciones entre los ministerios, organismos responsables de la implementación de los mandatos de la Cumbre y el BID y el Banco Mundial, con el objeto de asegurar un mayor intercambio en la planificación e implementación de los mandatos de la Cumbre;
• a los Ministros de Finanzas del Hemisferio Occidental, tanto en su calidad de ministros de finanzas como, cuando sea pertinente, en su calidad de gobernadores de los bancos multilaterales de desarrollo  a que aumenten su apoyo y compromiso con la agenda de la Cumbre de las Américas y el apoyo que le prestan en su conjunto.  Instruimos a nuestros Ministros de Finanzas que consideren el establecimiento de  mecanismos financieros  para apoyar las iniciativas de las Cumbres.
• los esfuerzos que realiza la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) a fin asegurar financiación proveniente de fuentes tanto tradicionales como nuevas, incluyendo nuevos lazos de asociación con el sector privado,asimismo su empeño para que los objetivos de la Cumbre orienten la concepción de su Plan Estratégico 2002-2005.

Instruimos a los Ministros de Relaciones Exteriores para que en la próxima Asamblea General de la OEA en San José, Costa Rica, fortalezcan y reformen, cuando sea necesario, los mecanismos institucionales  y financieros de apoyo de la Organización al proceso de las Cumbres de las Américas en las funciones de secretaría técnica, y para dar apoyo a las reuniones ministeriales y sectoriales en los temas relevantes para la OEA.  Asimismo, instruyen la creación de un fondo especifico para financiar las actividades de apoyo al GRIC.

Apoyamos además que la OEA, las otras organizaciones interamericanas y los gobiernos nacionales consideren los modos en que la sociedad civil puede contribuir al monitoreo e implementación de los mandatos de la Cumbre, a fin de someterlos como recomendación al GRIC al igual que para continuar desarrollando mecanismos y sistemas de información que aseguren la divulgación de información sobre el proceso de la Cumbre de las Américas y sobre los compromisos asumidos por los gobiernos.