| DECLARACIÓN
FINAL DEL FORO CONTINENTAL SOBRE EDUCACIÓN
Segunda Cumbre de los
Pueblos de América
Quebec, 17 y 18 de abril
de 2001
Estamos reunidos, en
el marco del Foro Continental sobre Educación de la segunda Cumbre
de los Pueblos de América, representando a millones de personas
que están o han estado comprometidas a diario con la educación.
Somos docentes, personal profesional y de apoyo, profesores y profesoras,
representantes de organizaciones comunitarias y no gubernamentales, sindicalistas
y estudiantes. Estamos comprometidos cotidianamente con el desarrollo de
los niños y niñas, de los jóvenes y de los adultos
así como con el desarrollo sustentable de nuestras comunidades en
su conjunto.
Creemos que las políticas
sociales y educativas de las Américas deben basarse en orientaciones
distintas a las actuales.
1. Defendemos la soberanía
nacional en materia de educación y el derecho a la autodeterminación
de los pueblos, sin ingerencias exteriores.
2. Creemos que es urgente
que se tomen medidas concretas para eliminar la pobreza y la miseria que
sufren más de cien millones de niñas y niños. Creemos
que es necesario un modelo de desarrollo sustentable, basado en la justa
distribución de la riqueza, ya que este modelo puede permitir a
todos y todas vivir dignamente y disfrutar de oportunidades que favorezcan
su realización plena. Rechazamos y denunciamos las políticas
actuales, particularmente las políticas neoliberales, que aumentan
las desigualdades entre las naciones del continente y dentro de cada una
de ellas. Nos sentimos indignados por esta situación. Es hora ya
de que cese el despilfarro humano consecuencia, entre otras cosas, de la
violencia, de la injusticia y del deterioro del medio ambiente.
3. Constatamos, a partir
de nuestra experiencia y reflexión colectivas, que ni las políticas
educativas nacionales ni las inversiones están a la altura de las
dificultades existentes ni de los compromisos suscritos por los jefes de
Estado del continente en Santiago de Chile en 1998. La accesibilidad a
los distintos niveles de educación crece, pero sin lograr el éxito
escolar y la calidad educativa, las desigualdades persisten e incluso aumentan,
el analfabetismo retrocede tímidamente, las condiciones de enseñanza,
de trabajo y de aprendizaje se deterioran.
4. Tenemos la convicción
de que, en materia educativa, se debe actuar mejor y de manera diferente.
Las soluciones exigen una acción colectiva de todos los miembros
de la sociedad. Afirmamos que nuestros sistemas educativos necesitan importantes
transformaciones democráticas. Asimismo, continuamos trabajando
responsablemente y en solidaridad, a través de nuestras organizaciones,
por cambios que respondan a las necesidades y al bienestar de nuestros
pueblos.
5. Afirmamos que la educación
es un derecho social universal fundamental que comprende no sólo
la formación general sino también la formación profesional
o técnica. Este derecho se debe asegurar mediante un servicio público
financiado y bajo responsabilidad del Estado. Por lo tanto, combatiremos
solidariamente las políticas autoritarias y mercantiles dominantes
en muchos lugares del continente y que conducen a una privatización
creciente de la educación.
6. La educación
no es una mercancía que debe servir para enriquecer a las empresas,
los alumnos no son productos, los padres de familia y los estudiantes no
son consumidores de educación y las trabajadoras y trabajadores
de la educación no son simples dispensadores de servicios. Nos oponemos
enérgicamente a que la educación se incluya en los acuerdos
sobre la liberalización del comercio de los servicios, incluyendo
en ello el Área de Libre Comercio de las Américas. Nos oponemos
también a la comercialización de la educación, al
uso en educación de un discurso mercantil y al intento de imponer
como parámetro la relación costo-beneficio.
7. Proclamamos que una
educación íntegra de calidad debe formar personas libres
y críticas, ciudadanas y ciudadanos activos y comprometidos, respetuosos
de la diversidad y de los derechos humanos, abiertos al mundo, preocupados
por el porvenir del planeta y el desarrollo duradero y con una comprensión
crítica de la mundialización. Esta educación debe
formar mujeres y hombres preparados para la vida, para el mundo del trabajo,
para aprender continuamente, en vez de formarlos específicamente
para un empleo determinado.
8. Afirmamos que la formación
de base, la formación profesional o técnica y la formación
superior deben tener en cuenta las cuestiones de seguridad alimentaria,
de agricultura duradera, de desarrollo energético duradero y de
protección del medio ambiente así como las relativas a los
derechos humanos, a la democracia, a las relaciones interculturales, al
consumo responsable y al comercio equitativo, con vistas a un futuro viable.
9. También defendemos
una educación de calidad para todas y todos, que sea un instrumento
de justicia social y de emancipación de las personas a lo largo
de toda su vida. Una educación que promueve la igualdad entre las
mujeres y los hombres, sea cual sea su origen étnico, su orientación
sexual, sus creencias u opciones filosóficas y su capacidad de aprendizaje.
Una educación que forme seres humanos que prefieran la colaboración
y la solidaridad a la competencia sin límites, que busquen la paz,
la resolución justa y pacífica de los conflictos y se opongan
a la violencia y a la militarización.
10. Luchamos por una educación
pública, gratuita y de calidad que sea plenamente accesible en todos
los ámbitos y durante toda la vida. Estamos convencidos de que una
educación obligatoria y de calidad para todas y todos, jóvenes
y adultos, debería constar de un mínimo de once años.
Rechazamos el adagio que proclama que el éxito de la mayoría
es sinónimo de mediocridad. Afirmamos, al contrario, que no puede
lograrse una educación de calidad sin democratización y sin
eliminación de las desigualdades.
11. Deseamos combatir
el racismo, la exclusión y la marginación de que son víctimas
especialmente los alumnos de las comunidades negras y autóctonas.
Afirmamos que los alumnos discapacitados o con dificultades de adaptación
o de aprendizaje, los niños de la calle, trabajadores o itinerantes,
los niños víctimas de la guerra deben tener acceso a servicios
particulares que aseguren su escolarización. Exigimos que se preste
una atención especial a la enseñanza rural y al respeto de
la cultura campesina.
12. Apoyamos una visión
de la educación de adultos que garantice el derecho a la educación
pública para el conjunto de la población adulta. Asimismo,
exhortamos a los Gobiernos a que creen las condiciones para una cultura
de la educación a lo largo de la vida de una persona, multiplicando
las ocasiones de aprender en el medio de vida y de trabajo de la población
adulta.
13. Nos oponemos, a una
concepción de la calidad estrechamente definida a partir de pruebas
estandarizadas que reducen la misión de la educación a lo
que se puede medir con facilidad y que no toman en cuenta las necesidades
particulares de los alumnos. Exigimos la desaparición de estas pruebas
que se emplean como un instrumento de exclusión.
14. Queremos continuar
aportando a la elaboración de modelos y planteamientos pedagógicos
que parten de la experiencia de las personas, que respondan a las necesidades
sociales, económicas y culturales de nuestros pueblos, que traten
de reducir el fracaso, la deserción y la exclusión escolares.
Estamos a favor de una gestión democrática de la educación,
a todos los niveles y en todas las instituciones, una gestión basada
en la participación del personal, de los alumnos y de la colectividad.
15. Reconocemos la importancia
de los servicios de apoyo a la acción educativa en las instituciones
escolares (bibliotecas, personal especializado, etc.) así como el
aporte educativo de otras instituciones (bibliotecas públicas, radios
y televisiones educativas). En este ámbito, reconocemos la contribución
y la competencia de las personas que trabajan en los campos de la educación
popular y de la acción comunitaria.
16. Afirmamos que se
necesita una enseñanza superior pública, gratuita y de calidad
que respete la libertad académica y la autonomía institucional
y que garantice que la investigación esté al servicio del
desarrollo de la sociedad y no subordinada a las necesidades e imposiciones
de las empresas privadas.
17. Creemos en una educación
que respete las opciones religiosas y filosóficas, el derecho a
la laicidad, a la libertad de conciencia y el derecho a la igualdad.
18. Apoyamos la lucha
de las naciones autóctonas y de los pueblos indígenas que
reivindican un control de sus instituciones educativas para asegurar el
respeto y el fomento de su lengua, cultura y patrimonio y de una educación
que valore y difunda la diversidad étnica, así como la pluralidad
cultural y lingüística. La educación pública
debe incluir la historia y la cultura de estos pueblos y el personal debe
recibir la formación adecuada para ello.
19. Reconocemos la importancia
que tiene para las comunidades lingüísticas nacionales minoritarias
ejercer el control de sus instituciones educativas para lograr la difusión
y el fomento de su lengua y cultura.
20. Exigimos que se respeten
los derechos sindicales, entre ellos el derecho a la negociación
colectiva. Seguiremos luchando por una auténtica profesionalización
del personal educativo, por que obtenga un salario justo en reconocimiento
de la importancia de su trabajo, un salario que le permita vivir dignamente,
y por que logre unas condiciones de jubilación adecuadas. También
seguiremos luchando por que mejoren las condiciones de trabajo, de enseñanza
y de aprendizaje. Asimismo reivindicamos normas de higiene y seguridad
que garanticen la protección adecuada del personal y de los alumnos
y que se concreten en un código de salud para la educación
pública.
21. Denunciamos la situación
de desigualdad que viven las mujeres, que son mayoría entre el personal
educativo. Deben gozar de medidas de protección adecuadas para la
maternidad; nos comprometemos a luchar para que sus condiciones de empleo
y de trabajo sean iguales a las de sus colegas masculinos.
22. Sostenemos que los
cambios necesarios para una educación democrática exigen
una sólida formación inicial del personal educativo así
como una formación continua gratuita y al alcance de todas y todos.
23. Reconocemos la importancia
de una utilización eficaz de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación para fines educativos que responda
a las necesidades y a las prioridades de las comunidades y no a los intereses
mercantiles. Apoyamos la creación de redes que favorezcan el intercambio
de conocimientos y la difusión de una cultura del trabajo en colaboración.
Sin embargo, deseamos señalar los riesgos ligados a una utilización
limitada de estas tecnologías o de una utilización que no
respete la soberanía nacional en el ámbito de la educación
y nos oponemos a un empleo de la educación virtual y a distancia
como sustituto de una educación directa y de calidad.
24. Para asegurar un financiamiento
adecuado y justo de la educación pública, exigimos la cancelación
de la deuda externa ilegítima de los países de las Américas,
el cese de las políticas de ajuste estructural, un aumento de la
ayuda incondicional al desarrollo de la educación y la adopción
de un impuesto sobre las transacciones financieras.
25. Nos comprometemos
a acrecentar la solidaridad continental en educación mediante:
a) La colaboración
con las organizaciones regionales que trabajan en este ámbito y
el apoyo al plan de acción adjunto a esta declaración.
b) El fortalecimiento,
en colaboración con las organizaciones sindicales y populares, y
con las organizaciones que representan a los padres de familia y a los
estudiantes de cada uno de nuestros países, de un vasto movimiento
a favor de una educación pública de calidad para todos.
c) La participación
en la elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas
educativas.
d) El apoyo de la integración
en la enseñanza de los principios y valores de la educación
para la viabilidad.
26. Recordamos a los jefes
de Estado de las Américas la urgencia de respetar los compromisos
que suscribieron en 1990 en Jomtien con motivo de la Conferencia Mundial
sobre Educación para Todos, que posteriormente fueron reafirmados
en Dakar en abril de 2000 durante el Foro Mundial sobre Educación.
Les recordamos también
los compromisos suscritos en 1998 en Santiago, acerca de las medidas que
debían tomarse para asegurar un creciente acceso a la educación
y al éxito escolar, la eliminación del analfabetismo y la
drástica reducción de las desigualdades.
Para alcanzar estos objetivos,
exigimos de los jefes de Estado que:
a) Rechacen que
se incluya la educación en ningún acuerdo sobre el comercio
de los servicios, incluyendo en ello el Área de Libre Comercio de
la Américas.
b) Aumenten al menos
al 8 % del PIB la parte de la riqueza colectiva destinada a la educación
publica.
c) Reduzcan los presupuestos
dedicados a gastos militares y que reinviertan los presupuestos en los
programas sociales, particularmente, en la educación.
d) Se doten de un plan
trienal de inversiones basado en objetivos precisos de alfabetización,
escolarización, aumento del acceso y éxito y en objetivos
de reducción de las desigualdades, con una atención muy particular
hacia la situación de las niñas y mujeres.
e) Creen, mejoren y refuercen
los servicios a los niños y niñas más pequeños,
principalmente los servicios de salud, los de guarderías educativas
y hagan obligatoria y gratuita la educación preescolar para niños
y niñas de 4 y 5 años.
f) Elaboren y pongan
en práctica, en consulta y de común acuerdo con la sociedad
civil, programas de acción en pro de una mayor justicia social,
sobre todo mediante asistencia a los niños y niñas y a las
familias para reducir las desigualdades.
g) Hagan que se respeten
todas las declaraciones, pactos y convenios que hayan firmado, particularmente
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
sobre todo en lo referente a la eliminación del trabajo infantil.
h) Tomen las medidas
necesarias para alfabetizar y escolarizar a los niños y niñas
y a los adultos subescolarizados, en estrecha colaboración con las
organizaciones educativas y sindicales.
i) Aseguren un acceso
igualitario y completo a una enseñanza superior de calidad.
j) Otorguen un financiamiento
adecuado de la investigación en educación superior, que garantice
su autonomía.
k) Se aseguren de que
las reformas educativas respondan a las necesidades de los pueblos y de
las poblaciones más desfavorecidas y sean acordadas con la participación
de las organizaciones sindicales y de las personas a las que afectan.
l) Fomenten los medios
de comunicación de la colectividad con una orientación cultural
y educativa y eliminen las restricciones para su desarrollo.
m) Pongan término
a la privatización actual de la educación.
27. Para terminar, queremos
reafirmar con fuerza que la educación es un derecho, no un privilegio.
La democracia a la que aspiramos está hecha de igualdad, libertad
y solidaridad para todos y todas. Se basa en la dignidad de la persona,
en buenas condiciones de vida, en el respeto de los derechos políticos,
económicos, culturales y sociales de todas y todos.
ANEXO
PLAN DE ACCIÓN
Con el fin de asegurarse
de que se alcanzan los objetivos de la declaración conjunta adoptada
por los participantes en el Foro Continental sobre Educación, celebrado
en el marco de la segunda Cumbre de los Pueblos de América, se acuerda
que las organizaciones anfitrionas busquen los recursos financieros necesarios
para crear una Secretaría provisional que, con la colaboración
de las organizaciones regionales y mundiales existentes que ofrecen una
representación de las distintas formas de enseñanza, podría:
A. Dar curso al Foro Continental
mediante la difusión de las intervenciones de los conferenciantes
invitados, así como del documento de base y de la declaración
conjunta adoptada por el Foro.
B. Supervisar los compromisos
suscritos por los jefes de Estado en cuanto a educación durante
las Cumbres de las Américas de Santiago (1998) y de Quebec (2001),
así como los trabajos sobre educación que se realicen bajo
la dirección de los ministros de Educación del continente
o de las organizaciones habilitadas por ellos, principalmente en lo que
se refiere a los proyectos de indicadores continentales de educación
y de evaluación de la educación y comunicar los resultados.
C. Reunir, con la colaboración
de las organizaciones sindicales nacionales y regionales y de las organizaciones
no gubernamentales, la documentación relativa a las medidas que
tomen los distintos países del continente con motivo del plan de
acción de la Cumbre de las Américas, y difundirla.
D. Dar continuidad a las
acciones y estrategias organizativas para sostener la enseñanza
pública como derecho de las personas y de los pueblos y fomentar
dicha enseñanza como una alternativa superior a la privatización
y a la comercialización.
E. Considerar la posibilidad
de una acción concertada destinada a exigir a los jefes de Estado
que excluyan la educación de los acuerdos de libre comercio.
Los participantes del
Foro se comprometen a:
- Colaborar en el cumplimiento
de este plan de acción y a difundir de la manera más amplia
posible la declaración conjunta con fines informativos, formativos
y educativos.
- Favorecer la participación
en el Foro sobre Educación del Foro Social Mundial que se
celebrará en Porto Alegre a principios del año 2002.
También se acuerda:
- Difundir los documentos
discutidos durante el Foro Continental sobre Educación a los participantes
de la tercera Cumbre de las Américas así como a los ministros
de Educación de las Américas.
- Invitar a los sindicatos
y organizaciones sociales a que participen en la campaña de defensa
de la educación pública en cada uno de los países
de las Américas.
- Solicitar a la Alianza
Social Continental que convoque otra Cumbre de los Pueblos coincidiendo
con la próxima Cumbre de las Américas. |