| Defensa
y Promoción de la Educación Pública
Documento del Colegio
de Profesores de Chile para la Iniciativa Democrática para la Educación
en América
1.
Crisis de nuestro sistema educativo.
Hoy la educación chilena
enfrenta graves problemas de equidad y calidad. Situación que se
observa en todo el continente
Esta crisis responde a un
factor global, que dice relación con profundos cambios de variadas
significaciones y percepciones provocados por la revolución científico
tecnológica y la consecuente transformación de las formas
productivas y de la comunicación. Pero, junto a ello, a la imposición,
sin contrapeso en el mundo, de un modelo neoliberal, que afecta tanto a
nuestra sociedad como a nuestro sistema educativo, y que hoy comienza a
mostrar sus fisuras.
La imposición del
modelo en Chile data de 1979, cuando en pleno desarrollo del terrorismo
de Estado, bajo la Dictadura, se inicia el proceso llamado de “modernización”
de la educación, en el marco de la reforma global del Estado, desde
la propia Constitución Política. Es por ello que afirmamos
que, el exportado “modelo chileno” solo fue posible de imponer dada la
ausencia de democracia, como también que su imposición global
en el continente tiene como condición, a lo menos, restringir la
democracia, como su dosis de represión a los derechos sociales ciudadanos
por parte de los gobiernos.
Los nueve años de
transición no han cambiado, en lo esencial, los enclaves autoritarios
dejados por la dictadura en la Constitución Política y la
Ley Orgánica Constitucional de Educación.
En este marco, la educación
dejó de ser un derecho de todos los ciudadanos y deber del Estado.
Se convirtió en una mercancía, sometida a los estrechos criterios
de eficiencia y competitividad que rigen al mercado, en el que el Estado
asume sólo un rol subsidiario, y, débilmente, regulador de
ese mercado, cuyo objetivo es financiar la demanda por educación
pero no responsabilizarse por las reales necesidades educativas de la población.
Por una parte, esto ha generado
una profunda segmentación y fragmentación del sistema, afectando
gravemente su equidad y calidad y aumentando el desequilibrio socioeducativo
en desmedro de los sectores más postergados de nuestra sociedad.
En los hechos, el debilitamiento de la educación pública
que permitió que surgiera un alto número de escuelas y liceos
privados subvencionados por el Estado, que atienden ya a casi un 40 % de
la población escolar- agudizó la desigualdad educativa.
Ha significado la existencia de diferentes calidades de enseñanza
en función de los estratos socioeconómicos y, más
aún, en la misma educación municipal, dependiendo de si se
trata de municipios ricos o pobres.
Por otra, ha transformado
profundamente los objetivos mismos de la educación de nuestro país,
para responder a las necesidades de formación de recursos humanos
para ese mercado.
La educación no puede
ser sólo una mercancía y el educando un mero consumidor.
Pero, hoy, la educación tiene una función meramente utilitarista.
De este modo, se ha ido transformando también el concepto de calidad
de la educación, restringiéndose éste a una capacitación
eficiente para producir los diversos tipos de capital humano que esta sociedad
requiere para su desarrollo económico, así como a la formación
de un ser humano con capacidad para consumir y competir en esta sociedad
de mercado. En definitiva, un modelo educativo absolutamente antagónico
con los valores humanistas, como la solidaridad, la libertad, el bien común,
la cooperación, los derechos humanos; todos aquellos principios
que debería fomentar una educación de calidad para favorecer
la formación de sujetos activos para el desarrollo de una sociedad
democrática y sustentable.
2.
Necesidad de fortalecimiento educación pública
La única posibilidad
de superar los serios problemas de equidad y calidad, de fragmentación
y segmentación que se constatan en nuestro sistema, es fortaleciendo
el papel del Estado y de la Educación Pública, para que en
nuestro país y el continente exista, efectivamente, libertad de
enseñanza, y no una enseñanza al arbitrio de la libertad
de mercado.
Porque libertad de enseñanza
y calidad de enseñanza significa entender a la educación
como factor de desarrollo personal, como un derecho y no como una mercancía
que puede estar al juego del libre mercado. Un sistema educativo que asegure
una educación de calidad para todos, con una base común y
respeto a la diversidad, para posibilitar la movilidad social y la integración
de los sujetos a la ciudadanía.
Porque si aún existe
en nuestro país una educación prácticamente universal,
al menos a nivel de educación básica y en parte importante
de la educación media, no es por obra del mercado sino gracias a
la escuela pública garantizada por el Estado que hizo realidad el
derecho a la educación.
Fortalecer la educación
pública es sinónimo de un fortalecimiento del derecho efectivo
a la educación, sobre todo de los que menos posibilidades tienen.
Si la oportunidad de acceso a la educación es la primera exigencia
del principio de igualdad de oportunidades, la educación pública
ha cumplido un gran papel histórico. Mientras haya desigualdades
en la sociedad, de forma que el origen socio-familiar preste distintas
posibilidades a unos y a otros, los seguirá cumpliendo. Su ideal
social de igualdad se mantiene vigente frente a lo que significa el modelo
privado, constituyendo la forma más segura y económica de
garantizar esa meta, con todas las modificaciones que sea preciso incorporar.
Por otra parte, nadie ha
podido demostrar, en el mundo, que por el hecho de ser pública,
la educación es de peor calidad o menos eficiente que si se imparte
por centros privados. Nadie ha demostrado la superioridad de lo privado,
porque es necesario hacer distinciones; por ejemplo, y de hecho, el sistema
público puede ser más eficiente en términos sociales
mientras el sistema privado puede serlo, eventualmente, en términos
de beneficios privados.
Lo que sí es innegable
es que la diferenciación entre centros públicos y privados
provocan una estratificación social de los centros que genera desiguales
grados de calidad y de prestigio ante la sociedad, lo cual, a su vez, sigue
reproduciendo la desigualdad. La estratificación social implica
una dinámica coherente con el principio de libre elección:
elegir un centro forma parte de las estrategias para asignarse a sí
mismo el prestigio social concedido al colegio elegido. Además,
el modelo de elección bajo el esquema del mercado aunque dice que
es buena la competencia entre el sector público y el privado y de
los centros públicos entre sí, en definitiva lo que hace
es debilitar a los sistemas públicos de educación porque
obliga a competir a los centros en condiciones de desigualdad al contar
con poblaciones escolares socialmente diferenciadas.
Pero un proyecto de fortalecimiento
de la educación pública va más allá de la cobertura
material del derecho a la educación. También contiene la
promesa de integrar la diversidad social en un proyecto común. Por
eso, aunque formas privadas de proporcionar el servicio educativo garantizasen
cobertura e incluso fueran más eficaces en el logro de alguno de
los objetivos de la educación, siempre serían inferiores
desde un punto de vista ético y social, mientras la integración
de los que son diferentes en un espacio democráticamente gestionado
sea un valor digno de tener en cuenta. Si uno de los retos de la democracia
es la de hacer posible un cierto grado de armonía, conjuntando las
diversas opciones y opiniones personales o de grupos, una escuela que reciba
abiertamente a la variedad de alumnos es condición de la democracia.
Y el Estado no puede desentenderse de ese reto dejando a los intereses
privados y particulares esa aspiración a la convivencia pues sacrificaría
el instrumento más efectivo para asegurar el respeto mutuo entre
sus ciudadanos.
En definitiva, la escuela
pública es un proyecto ético que se guía por la solidaridad,
por la idea de que la vertebración social se logra mejor por el
mestizaje social que por la segregación de poblaciones diferenciadas
por el poder adquisitivo, por la raza, la religión, etc. La escuela
pública es la única en la que es posible que a la persona
no le pregunten quién es o qué opina antes de entrar, por
eso se entendió como el modelo progresista para una sociedad libre,
pluralista y multicultural. Las razones fundamentales y básicas
que sostuvieron y sostienen el proyecto de escuela pública son dos:
la democratización real del acceso a la educación y el poder
ser la base que proporcione una cultura y unas experiencias comunes que
mitiguen las diferencias sociales, base de una comunidad donde quede comprendida
la diversidad.
La vigencia de estos ideales,
aunque sean precisas nuevas interpretaciones, es lo que sigue justificando
la necesidad de una educación pública fuerte y para todos.
Es éste un rol ineludible de cualquier estado democrático.
Por eso, es necesario redefinir
hoy el rol del Estado en Educación: no puede seguir siendo concebido
como subsidiario, debe recuperar su responsabilidad en el desarrollo de
nuestro sistema educativo. Y para ello, en Chile, es ineludible cambiar
la Constitución Política del 80, para que una Nueva Constitución
re-establezca el derecho de todos a la educación y el deber del
Estado para que éste sea efectivo. Implica, igualmente, cambiar
la Ley Orgánica Constitucional de la Educación, promulgada
por Pinochet 16 horas antes de entregar el gobierno, que, a través
de la imposición de un determinado y restringido concepto de libertad
de enseñanza limita las facultades del Estado para asegurar el derecho
a la misma.
3.
Necesidades de cambio en la administración y gestión del
sistema:
Lo que se requiere es de
un Estado que se haga cargo de asegurar un curriculum básico
para todos, de impulsar el apoyo pedagógico a los establecimientos,
discriminando positivamente a aquéllos que tienen más necesidades,
de generar las condiciones y reglamentaciones para asegurar una educación
de calidad (infraestructura, financiamiento, recursos humanos, formación
docente, condiciones laborales y de remuneraciones, condiciones para una
real participación en la descentralización, etc.), distribuir
y controlar el uso adecuado de los recursos y evaluar permanentemente los
diversos niveles del sistema para ir retroalimentando políticas
y acciones de apoyo.
Esto significa el desarrollo
de una educación pública descentralizada, reflejo de una
sociedad democrática, lo que supone una sustantiva gestión
local de la educación así como la participación protagónica
de todos los actores, al mismo tiempo que un sólido y redefinido
rol del Estado que asegure tanto la diversidad como la integración.
La descentralización
educacional no puede significar ausencia del rol del Estado, ni un Ministerio
de Educación débil, mucho menos, privatización.
Al contrario, a mayor descentralización, se requiere un centro más
fuerte.
No se trata de hacer crecer
el aparato del Estado sin causa justificada sino de dinamizarlo y adecuarlo
a la importancia de la función ético social que se le asigna
a la educación. La educación es factor inseparable de la
necesidad de planes de desarrollo nacional, que se integran a un mundo
globalizado, ubicando al ser humano como sol central del sistema.
Guillermo Scherping
Director National
Depto. RRII.
Colegio de Profesores
de Chile
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